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Cuando el reloj marque la medianoche este viernes 7 de noviembre, cerca de 250.000 inmigrantes venezolanos habrán perdido su protección frente a deportaciones en Estados Unidos, ante el fin del período de gracia del Estatus de Protección Temporal (TPS) con el que contaban hasta ese momento, por decisión del Gobierno del presidente Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema. Muchos de ellos vienen buscando desesperadamente un último recurso antes de verse obligados a volver a su país.
“Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación”, explicó a CNN el abogado migratorio Haim Vásquez.
La cuenta regresiva ya había acabado semanas atrás para unos 350.000 venezolanos que accedieron al programa en 2023, según estimaciones oficiales, y ahora es el turno para la mayoría del grupo beneficiado originalmente en 2021. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió en su sitio web: “Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.
Vásquez señala que “hay un poco de incertidumbre” entre los que buscan información, porque en la página de USCIS indica que, para aquellos que hayan vuelto a registrarse antes del 5 de febrero, su documentación seguirá siendo válida hasta octubre de 2026. Pero aclara que ello solo aplica para “un pequeño grupo que presentó su renovación entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025” y conservará su permiso de trabajo hasta esa fecha.
“Son unos pocos miles”, estima Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos. “Cada caso es muy personal”, indicó a CNN la activista, que recibe cientos de mensajes con consultas sobre el tema de familias que buscan una alternativa. “Es una situación de terror, vivir en un estado de ansiedad y de nervios, muy difícil de describir. Las personas están en un estado de desesperación para obtener algún tipo de legalidad”, agregó.
Si bien hay litigios sobre el TPS que todavía están siendo examinados por la Justicia, esos procesos pueden extenderse por meses o años, y los inmigrantes no pueden esperar más.
Solicitar asilo todavía es una posibilidad para los inmigrantes, aunque Vásquez dice que no son tantos quienes cumplen las condiciones para ello. Los solicitantes deben demostrar una persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. Sin embargo, los tribunales han endurecido los criterios y la vía parece más complicada. El Gobierno de Trump instruyó en abril a los jueces de inmigración que desestimaran los casos de asilo que consideren “deficientes”.
Además, muchos inmigrantes entraron al país sin presentar una solicitud de asilo en la frontera o pasaron varios años en el país sin hacer la solicitud. Es posible argumentar que las circunstancias cambiaron en los últimos años, pero sería una postura que contradice la versión del Gobierno estadounidense.
Venezuela fue designada originalmente en el programa TPS en 2021 por las “condiciones extraordinarias y temporales” en el país sudamericano que “impedían regresar en condiciones de seguridad”. Sin embargo, la Administración Trump consideró este año que “aunque ciertas condiciones puedan continuar”, hubo “notables mejoras en varias áreas”, y repasa algunos indicadores económicos.
Entre los venezolanos que pierden el TPS, algunos tienen abierta una solicitud de asilo y llevan mucho tiempo esperando una audiencia en los tribunales. Pero sin el estatus, apenas haya una decisión judicial desfavorable, quedarían expuestos a una deportación.
Otros caminos más específicos serían el de casarse si tiene una pareja con ciudadanía estadounidense, o solicitar una visa-U, que solo aplica a víctimas de algunos crímenes y usualmente demora varios años.
“Al momento de perder el estatus, pierden la oportunidad de trabajar legalmente, de mantener un documento de identificación como la licencia de conducir, y otros tipos de beneficios como poder estudiar, obtener créditos”, repasó Vásquez.
Detrás de los números, las personas
La activista Ferro destaca que la medida impacta sobre algo más que un papel. “No se arraiga una licencia, sino la libertad de conducir, de la vida. Se trata de personas”.
Desde el momento en que pierden el estatus, es ilegal para empleadores contratar a venezolanos que quedaron sin TPS. Ferro, quien con su organización ha impulsado jornadas de asesoramiento legal, afirma que muchos inmigrantes perdieron sus trabajos a fines de octubre. “Los están despidiendo antes, para un empleador no es rentable saber que en una semana se queda sin empleado”, comentó.
Explica que aunque los créditos que puedan haber sacado los venezolanos sigan vigentes, muchos pierden su capacidad de pago por perder los empleos. “Las personas que habían comprado casas están viendo qué hacen con préstamos bancarios. En general es una situación absolutamente desesperada, multiplica eso por decenas de miles de casos, hay gente con crisis nerviosa”, comentó.
Entre otras consecuencias, destaca que muchos inmigrantes pierden sus seguros de salud, con lo que deben costear tratamientos con pagos exorbitantes sin cobertura.
Además, subraya el drama de las familias que pueden quedar separadas: padres y madres que pierden el TPS y arriesgan una deportación, con hijos nacidos en EE.UU.
“Son familias literalmente arrancadas, de la manera más brutal”, dijo Ferro.
Para muchos, pese al riesgo, volver a Venezuela no es una opción mientras el presidente Nicolás Maduro siga en el poder. “Hay muchos que han sido perseguidos políticos, están aterrorizados, podría significar desaparecer a manos del régimen”, dijo la activista.
Algunos sí tomarán la decisión de retornar a su país natal, pero Vásquez aconseja asesorarse de todos modos para que la forma de hacerlo no sea perjudicial más adelante. El Gobierno de EE.UU. todavía ofrece el incentivo de un pago de US$ 1.000 a inmigrantes que decidan volver a sus países, aunque Vásquez afirmó que conoce casos de personas que no recibieron el pago.
“Cualquier persona que tenga en mente salir del país, debe hablar con un abogado de inmigración, para tomar decisiones que no afecten su futuro y preserven las oportunidades de volver (a EE.UU.)”, comentó.