El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) rechazó en la mañana de este viernes las cifras entregadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre falsos positivos. Este tribunal informó en la mañana del jueves que puntualmente durante los años de su gobierno ocurrieron 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, una cifra que triplica las que hasta ahora eran conocidas.
Para Uribe, sencillamente, las cifras son sesgadas porque a su juicio pertenecen a ONG’s que están en su contra.
Sin embargo, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, informa la agencia Efe, pidió al exmandatario “respetar la independencia judicial de la JEP y la labor de las organizaciones de DD.HH.”.
“Durante su gobierno, los falsos positivos ocurrieron de forma generalizada y sistemática. Las evidencias son incontrovertibles”, expresó Vivanco.
“Es una declaración sesgada y además uno se desconcierta mucho al ver la diferencia de cifras. La Fiscalía hablaba de 2.000 falsos positivos, la Memoria Histórica otra cifra y ahora sale la JEP con más de 6.000; y uno lee el informe de la JEP y lo sustenta con ONG’s muchas de ellas, declaradas enemigas ideológicas de mi Gobierno», dijo Uribe en declaraciones a los medios de comunicación.
“Aquí hay un gran sesgo que tiene un propósito, desacreditar a mi gobierno”, declaró enfático el expresidente, exsenador y hoy jefe natural del Centro Democrático, CD.
Según el exmandatario del país, en su vida pública nadie puede acusarlo de dar mal ejemplo.
‘Nunca di mal ejemplo’
“Creo ser el colombiano que más ha hablado y nadie puede decir que yo di un mal ejemplo de palabra. Si la meta de esas bajas era de falsos positivos , el país no hubiera mejorado”, indicó.
Puntualmente, durante una entrevista con Blu radio, Uribe evadió responder la pregunta sobre si va o no a la JEP a declarar por falsos positivos.
“Puede producir un titular de prensa morboso”, dijo el exmandatario.
«Es innecesario que yo les responda eso. Ese sería el titular. Yo no estoy interesado en que el titular vaya por ahí, estoy interesado en que el país refresque la memoria y recuerde todos los esfuerzos que se hicieron para que se mejorara en seguridad», dijo.
“Qué es más importante para mí: ¿contestar una cosa que puede producir un titular de prensa morboso o recordarle al país que por ejemplo asesinaban 196 sindicalistas y profesores antes de mi gobierno y que en el último año había 14?”, indicó.
«Sale hoy Blu a decir: Uribe dice que no va a la JEP, Uribe dice que sí va a la JEP, me mantengo en lo mismo. Estuve en desacuerdo con su creación y creo que hay que, por lo menos, reformarla», agregó.
Uribe también se refirió a las acusaciones de desapariciones en la Comuna 13 de Medellín en medio de la Operación Orión en 2002, así como en La Macarena.
«Llevan muchos años diciendo que el Gobierno mío lo que hizo fue producir falsos positivos en La Macarena y que hay una fosa común. ¿Han encontrado esas fosas? O La Escombrera de Medellín . Cuando yo llego a la Presidencia la comuna 13 estaba tomada por criminales. Se hizo ese esfuerzo que trajo tranquilidad a Medellín y trataron de deshonrar ese esfuerzo diciendo que era una tarea de falsos positivos. Pregunto, ¿dónde está la prueba?, ¿dónde está la realidad? Aquí hay un gran sesgo» reiteró.
En un despacho de la agencia EFE, se informa que el expresidente defendió lo que hizo su administración para evitar los llamados “falsos positivos”, como se conoce en el país a las ejecuciones extrajudiciales, y aseguró que privilegió la desmovilización y las capturas sobre las bajas.
Muertos en combate
Así lo aseguró en un comunicado en el que fija su posición luego de que la JEP elevó a 6.402 las víctimas de los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, entre 2002 y 2008.
“Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados”, señaló.
En el documento, titulado “Nuevo atropello de la JEP por falsos positivos”, Uribe afirmó que en su administración fueron capturados 36.363 criminales y “las bajas” totalizaron 13.992.
Los “falsos positivos”, el Caso 3 de la JEP y uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.
La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados sólo algunos soldados o suboficiales.
La JEP reconoce que la cifra anunciada hoy es diferente de los datos de instituciones como la Fiscalía y señaló que “las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas”, periodo que coincide con la presidencia de Uribe.
Según el alto tribunal, sólo entre esos años se registró el 78 % del total de la victimización histórica, crímenes que se redujeron “drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”.
El expresidente recordó que entre las acciones para lograr más transparencia en las Fuerzas Armadas en 2008 fueron llamados a calificar servicio tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales implicadas en una serie de desapariciones de civiles que fueron asesinados y declarados “muertos en combate”.
Igualmente, dijo que en 2003, cuando ONG contrarias a sus ideas acusaban a las Fuerzas Armadas de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales, ordenó que los fallecidos en enfrentamientos no fueran movidos hasta que se hiciera presente el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
Puntualizó que: “próximo a terminar el Gobierno recibí la visita del representante de Naciones Unidas, quien me dijo traerme la ‘buena noticia’ de que en los últimos dos años solamente había 4 casos sospechosos de violación de Derechos Humanos. ‘No debería haber uno solo’, le repliqué”.
La JEP explicó que abrió el Caso 3 después de recibir informes de varias fuentes entre ellas la Fiscalía que había determinado que esos asesinatos aumentaron sustancialmente a partir del 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008.
El alto tribunal aseguró que las víctimas fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle e incluso en condición de discapacidad.
La decisión de la JEP ha puesto todos los focos en el expresidente. Así, por ejemplo, el diario El País de Madrid tituló: «El Tribunal de Paz de Colombia eleva a más de 6.400 los ‘falsos positivos’ bajo el Gobierno de Uribe»