De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, la joven denunció que agentes de la Policía la violentaron sexualmente, tras ser detenida en medio de una protesta del Paro Nacional en Popayán.
Seis organizaciones de derechos humanos lamentaron este jueves la muerte de una joven menor de edad, que se quitó la vida después de denunciar que la noche del miércoles fue detenida y llevada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Popayán tras sufrir violencia sexual por parte de uniformados de la Policía. “Alertamos a las organizaciones defensoras de DD.HH. e instituciones garantes de derechos como Defensoría, Procuraduría y Personería a realizar veeduría y tomar acciones de protección frente a lo acontecido”, afirmaron las organizaciones.
De acuerdo con las primeras versiones, la joven se dirigía hacia la casa de un amigo y estaba grabando con su celular la manifestación, cuando cuatro policías la detuvieron y la tiraron al piso. “En medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnudando” quitando el pantalón”, afirmó la víctima en una red social.
La adolescente fue trasladada luego a la URI, donde también piden investigar si fue violentada. Horas después, tras recuperar su libertad, la víctima se quitó la vida, según informaron defensores de derechos humanos. Estos son los hechos que denuncian las organizaciones y que exigen sean investigados por las autoridades. También se espera que Medicina Legal entregue el dictamen para conocer las causas de la muerte.
En un audio difundido por redes sociales, se escucha a la abogada y defensora de derechos humanos Lizeth Montero, quien alertó sobre tres hechos de violencia de género durante las protestas del 12 de mayo en Popayán. La abogada afirmó que tres menores de edad fueron agredidas en el sur de la ciudad y agregó que “no existió posibilidad de verificar los procesos de detenciones arbitrarias que fueron conducidas a la URI, y resultado de este hecho una de las menores toma la trágica decisión de terminar con su vida”. Montero también pidió emplear el enfoque de género en la investigación.
A este llamado de urgencia se unió la Casa de la Mujer, que pidió a la Fiscalía y al presidente de la República, Iván Duque, explicar lo sucedido. A su vez, la Alcaldía de Popayán informó que la menor fue llevada a la URI a las 9:10p.m. del 12 de mayo y que estuvo acompañada de funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía, y antes de las 11p.m. fue entregada a su abuela, de acuerdo con la minuta de ingreso y salida de la URI.
“Ante las graves acusaciones que rodean este caso, instamos a las entidades competentes a que se surtan todas las investigaciones, tanto administrativas como disciplinarias, con celeridad y prioridad, para esclarecer la detención y la actuación de la Policía durante el procedimiento y estamos atentos al reporte de Medicina Legal, el cual determinará y calificará todas las circunstancias. Desde la administración y a través de la Secretaría de la Mujer, hemos puesto a disposición de su familia un equipo humano para brindar el apoyo psicosocial que requieran”, añadió la Alcaldía de Popayán en un comunicado.
Otra menor de edad detenida arbitrariamente el pasado miércoles en Popayán, según defensores de DD.HH., contó que un policía la subió a su moto y la amenazó constantemente diciéndole que la quería “lamer”, la quería “violar” y que se “bajara los pantalones”. “Yo me tiré de la moto y abracé a un señor de derechos humanos, y a él lo estaban golpeando también por querer ayudarme”, dijo la menor de 17 años. Este viernes se convocó un plantón a las 10a.m. en la URI de Popayán para rechazar la violencia sexual en el Paro Nacional.
Horas después de que el caso se conociera en redes sociales y medios de comunicación, el comandante Ricardo Augusto Alarcón Campos, de la Policía en Popayán, calificó la noticia “de falsa, vil y ruin”. “Nos atrevemos a decir, de manera categórica, que es una noticia falsa por tres aspectos fundamentales. Primero, la menor nunca pisó instalaciones policiales. Por el contrario, una vez se conocen los hechos y se realiza el procedimiento por parte de las unidades policiales, la menor de edad es trasladada a las instalaciones de la URI de la Fiscalía General de la Nación. Segundo, una vez se establece que se trata de una menor de edad, se activa el protocolo de protección a la integridad de este tipo de población. Se toma contacto con sus familiares y es entregada, en óptimas condiciones, a la abuela materna a las 22:51 horas de la noche”, afirmó el general Alarcón Campos.
“Tercero, en la noticia manifiestan que los hechos tuvieron ocurrencia en la noche del día de ayer. La Policía Nacional, el día de hoy, sobre el medio día, conoció sobre la muerte de una joven de 17 años, que corresponde a la joven que fue conducida a las instalaciones de la URI el día de ayer. Los hechos ocurrieron el día de hoy en la mañana, en el lugar de residencia de esta joven (…) En aras de garantizarle la tranquilidad a toda la población de Popayán, la Policía Nacional ha solicitado, a través de la Fiscalía General de la Nación, que el Instituto Nacional de Medicina Legal establezca la causa de la muerte. Invitamos a toda la comunidad en general a que rompan la cadena de la desinformación acudiendo a los canales institucionales que establezcan la veracidad de las mismas”, concluyó el general Alarcón Campos.
Aunque la Policía dice que la noticia es falsa, en su declaración no hace referencia al episodio de violencia sexual denunciado por la joven en la calle, sino a lo que pasó después. Por eso, las investigaciones de las autoridades competentes serán claves para determinar qué sucedió. La Defensoría del Pueblo, por su parte, aseguró que hace seguimiento estricto a este caso. “Desde la Defensoría del Pueblo estamos atentos a los reportes de Medicina Legal y la Fiscalía para que, en caso de confirmarse el hecho, que rechazamos contundentemente, se haga justicia y el debido proceso”, afirmó la entidad.
La organización Temblores ha documentado 16 denuncias de violencia sexual cometidos presuntamente por la Fuerza Pública en medio del Paro Nacional. En este rastreo se han identificado casos de acoso y abuso sexual en ciudades como Cali, Bogotá, Acacías y Palmira. La mayoría de los hechos narrados ocurrieron durante las noches y en estaciones de policía. Temblores conoció, por ejemplo, un caso en el que, según las versiones de las denunciantes, miembros de la Fuerza Pública en el sector del Tintal en Bogotá retuvieron arbitrariamente a mujeres que, al ser violentadas sexualmente en un camión, se lanzaron del vehículo hacia un caño para huir.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó también sobre las denuncias de violencia sexual en el Paro Nacional, que se lleva a cabo en Colombia desde el pasado 28 de abril. “La Comisión Interamericana y su RELE recuerdan que la violencia sexual comprende todas aquellas acciones de naturaleza sexual que se perpetran sin el consentimiento de una persona, desde la invasión física del cuerpo hasta las que no involucren contacto físico alguno. La CIDH enfatiza que dichos actos son absolutamente inaceptables y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad de un Estado”, afirmó la CIDH en un comunicado el pasado 7 de mayo.