Este miércoles 5 de mayo, la Fiscalía le imputó cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, al que señala de haber celebrado un contrato con Corpbanca por US$77 millones sin que se cumplieran los requisitos legales. El político se declaró inocente.
Sergio Fajardo, uno de los políticos que aspira a lanzarse a la campaña por la Presidencia en 2022, acaba de toparse con su primer obstáculo real para esa aspiración: la Fiscalía le imputó cargos por peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En la diligencia, realizada este miércoles 5 de mayo, Fajardo se declaró inocente.
El político antioqueño se encuentra ante los estrados judiciales por la suscripción de un contrato de préstamo con el que pretendía cubrir algunas deudas con entidades bancarias, a cambio de asumir una más grande con el Banco Corpbanca, con el cual el departamento de Antioquia ya tenía una obligación económica. Los hechos por los que Fajardo se presentó hoy ante el Tribunal Superior de Bogotá datan de diciembre de 2013, momento en el que celebró el convenio con Andrés Felipe Caballero, representante de Corpbanca.
La intención de Fajardo era suplir la deuda con el banco BBVA, con el cual tenía un saldo de $82.075 millones, otro con Bancolombia por $99.450 millones y un último con Corpbanca de$2.971 millones. En el contrato se contempló que el desembolso del dinero, así como los pagos de intereses, se realizarían en moneda legal colombiana a la tasa de cambio en dólares americanos. Esa decisión, asegura la Fiscalía, generó un detrimento para el departamento, porque al momento del desembolso el dólar costaba $1.926 y en 2015 ya superaba los $3.140.
El cambio en la naturaleza del contrato, que pasó de ser un crédito interno a un crédito público externo, que requería la autorización del Ministerio de Hacienda, dejó varias irregularidades en su ejecución, pues además de que hubo estudios y documentos deficientes y extemporáneos en el proceso, no se hizo una evaluación sobre las diferentes alternativas que habían en el mercado bancario.
De ahí que la Fiscalía considere que “la selección de Corpbanca, con quien ya existía una obligación no fue transparente, como también el empleo en los pagos de intereses y de capital en una moneda extranjera diferente a la moneda legal colombiana como lo es el dólar americano”. Lo que le reprocha el ente acusador a Fajardo es que esas condiciones irregulares llevaron a tener un favorecimiento para el contratista, y un incremento en el endeudamiento de Antioquia, que no contribuyó a mejorar su perfil económico.
“No se trató de un manejo de deuda pública, a través de la sustitución de una deuda por otra, sino de empréstito nuevo”. Lo que llama la atención de la Fiscalía es que en años anteriores la gobernación no había obtenido un préstamo de dicho tipo en el que se pretendía pagar con dólares y no con la moneda base colombiana.
Para la investigación es claro que Fajardo no incurrió en una “equivocación” por el empleo de la moneda extranjera, ni tampoco por predecir las variaciones en el tiempo de la misma, sino que sus comportamientos y los de los miembros del Comité Financiero de la Tesorería de la Secretaria de Hacienda de Antioquia, fueron conscientes respecto de que se podía generar un daño a la administración pública.
Fajardo debía cuidar las arcas de la gobernación, y en este caso, al exmandatario gubernamental le faltó vigilar e imponer su posición de garante respecto de la negociación que superó los 70 millones de dólares con Corpbanca. “Sergio Fajardo Valderrama no podía separarse del trámite del contrato y le correspondía mantener la competencia por encontrarse como asuntos no delegados”.
Fajardo tenía la responsabilidad de velar por los procesos legales de la contratación que no tenía otra intención que designar recursos nuevos para pagar otras deudas, no obstante, lo que debía tener claro el exmandatario es que la nueva obligación económica no podía superar las ya existentes. “El señor Sergio Fajardo tramitó y celebró sin la observancia de los principios de la función de contratación de eficacia, transparencia, responsabilidad y economía el contrato de sustitución de deuda”.
Lo que le reprochó la Fiscalía al político es que los estudios previos que sustentaron la contratación fueron deficientes y no fueron emitidos en el tiempo que demandaba la norma. En los estudios tampoco identificó cuál era la mejor oferta bancaria para adquirir dicha responsabilidad. “Los estudios no tienen los análisis previos rigurosos sobre los riesgos previsibles a los cuales estaba expuesta la gobernación”.
Además de ello, la contratación se registró bajo parámetros irregulares porque primero se escogió a Corpbanca y después se elaboraron los estudios previos, de ahí que exponga la Fiscalía, que no hubo un análisis mínimo sobre las circunstancias financieras de riesgo para el departamento, pues además de eso, el sondeo de mercado para escoger la entidad bancaria solo se hizo cinco meses antes de adquirir la obligación.
Para Fajardo, los hechos expuestos por parte de la Fiscalía siguen siendo equivocados, de ahí que no aceptara su responsabilidad en lo que se le endilgó, e incluso que días atrás a su imputación haya solicitado la conformación de un comité técnico para que la Fiscalía revisara de fondo la decisión de llamarlo ante los estrados judiciales.
Pese a que su intención de demostrar su inocencia continúa firme, la Fiscalía le ha dado dos negativas en su proceso de judicialización. El primero ocurrió hace un poco menos de una semana en la que el fiscal general Francisco Barbosa se negó a que tuviera la revisión que el político y su defensa pidieron. El jefe del búnker a través de un escrito de tres páginas dirigido a Mauricio Pava, abogado de Fajardo, indicó que la convocatoria de un comité técnico-jurídico es una facultad discrecional del Fiscal General y no es un derecho al que tengan acceso las partes. Del mismo modo, sostuvo que las determinaciones adoptadas por la fiscal del caso han sido acorde a la ley y han estado sustentadas con pruebas contundentes.
La segunda negativa, que ocurrió este miércoles en el marco de la audiencia de imputación de cargos, fue dejar en firme su proceso judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El político considera que las actuaciones ocurridas en 2013 no fueron producto de equivocaciones de por su parte, ni de su equipo, y tampoco que se trata de una persecución política fundada en su intención de llegar a la Casa de Nariño en 2022. No obstante, no descarta que en su contra vengan otro tipo de ataques para evitar su paso por la presidencia.