El alto tribunal evaluó la solicitud de la defensa del senador, detenido por tráfico de influencias.
La Corte Suprema de Justicia rechazó una petición que le hizo la defensa del suspendido senador Eduardo Pulgar, quien se encuentra en la cárcel La Picota por presunto intento de soborno a un juez, y había solicitado ser cobijado con detención domiciliaria.
La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, había afirmado que Pulgar está enfermo y que por eso debía sustituirse la detención intramural por ‘casa por cárcel’.
El alto tribunal estudió esa petición al igual que el concepto que entregó Medicina Legal. Según ese concepto, concluyó la Corte, aunque es cierto que Pulgar se encuentra enfermo, su condición no le impide estar detenido en una cárcel.
Así las cosas, Pulgar seguirá preso en La Picota, cárcel a la que fue trasladado el 5 de diciembre y en la que fue reseñado. Aunque el abogado Granados dijo en su momento que la condición del senador «lo hace propenso a múltiples y graves enfermedades», por lo que solicitó que se le permitiera estar preso «en un lugar que no ponga en peligro su vida», para la Corte, según lo dicho por Medicina Legal, Pulgar no se encuentra en una situación grave de salud.
Pulgar, quien este martes fue suspendido por 64 votos en la Plenaria del Senado, fue capturado el pasado tres de diciembre en el aeropuerto El Dorado por orden de la Sala de Instrucción del alto tribunal, que lo investiga desde agosto de este año.
La Corte investiga a Pulgar por tres delitos, pero resolvió la situación jurídica en su contra y ordenó detenerlo concretamente por dos hechos de presunto tráfico de influencias.
El primer caso de tráfico de influencias por el que se resolvió su situación jurídica tiene que ver con la denuncia que hizo el periodista Daniel Coronell, quien publicó una serie de audios en las que se escucha a Pulgar presuntamente tratando de sobornar a un juez con «200 barras» para que favoreciera en una decisión judicial a unos amigos y patrocinadores políticos suyos.
El segundo caso de presunto tráfico de influencias tiene que ver una situación en la que el senador supuestamente intentó hacer gestiones ante el Ministerio de Educación y funcionarios públicos con el fin de lograr que esa cartera hiciera actuaciones indebidas.
De otro lado, este martes el Consejo de Estado también se pronunció sobre el caso disciplinario que lleva la Procuraduría contra Pulgar.
Aunque el abogado Jaime Granados había elevado un conflicto de competencias, afirmando que el Ministerio Público no podía conocer la investigación disciplinaria contra el legislador, sino que ese proceso debía ser llevado por la Comisión de Ética del Congreso, el Consejo de Estado le dio la razón a la Procuraduría en que es ese organismo el único facultado para llevar ese caso.
Esto, porque los hechos por los que se investiga a Pulgar no tienen que ver con su condición de congresista sino que están relacionados con presuntos casos de corrupción.