Una nueva pieza que estaría relacionada con el escándalo de corrupción que lideraba el fallecido y condenado exsenador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez, en la que se direccionaban contratos en varios departamentos del país a cambio de quedarse con parte del dinero, cayó en las últimas horas. Se trata del senador, Ciro Ramírez, quien es investigado por irregularidades en contratación en los departamentos de Quindío y Tolima.
La investigación, que es adelantada por el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda Soto, fue abierta por la Sala de Instrucción del alto tribunal en junio de este año, porque habría tenido una intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima, por las cuales habría recibido coimas. Los presuntos hechos, dijo la Corte en ese momento, se habrían dado con “previa concertación con una organización ilícita de corrupción. Concretamente, estos hechos se desprenden de la investigación y proceso contra el congresista Mario Alberto Castaño, condenado por la Sala de Primera Instancia por corrupción en contratación”.
Luego de meses de investigación, la Corte ordenó su captura y lo envió a la cárcel al concluir, al menos por el momento, que sí incurrió en irregularidades en uno de esos 13 contratos. Se trata del contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’. En este caso está vinculada Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Ciro Ramírez, y el contratista Anderson González, quienes fueron imputados en octubre pasado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados.
Según la investigación de la Fiscalía, que se reveló en ese momento, en 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron un contrato interadministrativo, por 48.660 millones de pesos. En atención a lo pactado, Proyecta Quindío se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal.
De acuerdo con los elementos de prueba, Rivera Bohórquez, en su rol de enlace del senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y Proyecta Quindío para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.
En ese sentido, el contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador. Al parecer, por ese favorecimiento acordó el pago de 1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intercedieron.