Un fiscal Delegado ante la Corte Suprema imputará cargos a seis coroneles del Ejército, quienes son señalados de favorecer ilícitamente a varias personas para la adjudicación de contratos entre 2016 y 2019.
Así lo afirmó a EL TIEMPO el fiscal general Francisco Barbosa Delgado. «El mensaje es que esta Fiscalía respeta y trabaja con las fuerzas militares, pero no tiene contemplaciones frente a militares de alto rango que quebranten la ley penal. Lo demostramos con nuestro llamado a imputación al General Mario Montoya y ahora con estos otros casos» dijo el jefe del ente acusador.
Y añadió: «Precisamente la Fiscalía imputará en los próximos días a seis coroneles de la cuarta brigada por corrupción administrativa», dijo el jefe del ente acusador».
Por estos hechos se solicitará una audiencia de formulación de imputación contra los coroneles Juan Carlos Guerra Durán, John Steban Torres Ballén, José Gregorio Montañez, Édgar Orlando Castro Malagón, José William González Lozano y Javier Alejandro Galvis Ramírez.
Los oficiales están vinculados a las presuntas irregularidades por las que fue capturado en agosto de 2018 y está en juicio el general Jorge Horacio Romero. Según la investigación de la Fiscalía, el general Romero, como comandante de brigada, y otros subalternos acordaron apropiarse de dineros del Estado mediante la adjudicación de contratos
Según la investigación, los delitos se habrían cometido cuando los uniformados ocupaban cargos estratégicos relacionados con temas de contratación y adquisiciones en la Cuarta Brigada y la Séptima División del Ejército.
De acuerdo con el material probatorio, los oficiales habrían acordado con los contratistas a los que se les iban a adjudicar los contratos recibir un porcentaje del valor de las facturas que eran cobradas, además de unos pagos mensuales.
Además, de acuerdo con el ente acusador, los contratistas al parecer conocían los pliegos de condiciones antes de que fueran publicados para que pudieran adaptar sus perfiles y así ganar las adjudicaciones.
E incluso, cuando no les era posible ajustar la adjudicación, los militares presuntamente realizaban maniobras para declarar los procesos desiertos y evitar que otros participantes ganaran los contratos públicos.
Estos uniformados serán imputados por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y concierto para delinquir agravado.
En contra de dos de estas personas se solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad, ya que para la Fiscalía representan un riesgo de obstrucción en el desarrollo del proceso porque habrían ordenado vigilar y seguir a los funcionarios que adelantaban la investigación, y al parecer también habrían eliminado de los equipos de cómputo de la entidad, carpetas y correos con información relacionada a los contratos.