El proyecto de ley propone que el programa Ingreso Solidario sea una renta básica permanente y, como se había reportado, amplía la base del impuesto de renta para personas naturales, que ahora incluirá a las personas que ganen desde un poco más de $2′420.000.
El Gobierno destapó por fin las cartas de la reforma tributaria con la que espera financiar los gastos generados por la pandemia. En la mañana de este jueves se conoció un documento previo a la presentación y radicación oficial que se hará a las 2 de la tarde. Con este proyecto, la administración Duque espera conseguir cerca de $26,1 billones, equivalente a 2,2 % del PIB.
La iniciativa tributaria descarga mayor peso sobre los asalariados con ingresos desde los $2,5 millones mensuales, alivia la carga impositiva de las empresas y aprieta el pago del IVA para extenderlo a más servicios y productos. Esto último se da a la vez que busca beneficiar a más familias colombianas con las compensaciones de este tributo, que arrancan desde los $50.000 mensuales.
En el proyecto, el Gobierno incluye, a modo de zanahoria, mantener los beneficios sociales como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) hasta junio de este año, entregar subsidios a las cotizaciones temporales para los jóvenes de primer empleo, personas en situación de discapacidad, aprendices del Sena, mujeres mayores a 40 años desempleadas y adultos mayores no pensionados. Igualmente, propone ampliar los recursos que se destinan para cubrir hasta el 100 % de la matrícula de los estudiantes en condición de vulnerabilidad.
Además, propone hacer del programa Ingreso Solidario una renta básica permanente para los hogares que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema.
Bienes excluidos del IVA
Respecto a los bienes excluidos, que son los que no causan el impuesto sobre las ventas, el proyecto de ley de la reforma tributaria propone incluir en este grupo a las compresas y tampones higiénicos, que actualmente se encuentran gravadas con la tarifa IVA del 5 %. También quedan exentas las copas menstruales y los dispositivos anticonceptivos para uso femenino.
Entraron al grupo de excluidos municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Tampoco causarán el impuesto sobre las ventas los libros y revistas de carácter científico y cultural, según calificación que hará el Gobierno Nacional, y los productores e importadores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48.20.20.00.00 y los diarios y publicaciones periódicas, impresos incluso ilustrado o con publicidad de la partida arancelaria 49.02, así como los contenidos y las suscripciones de las ediciones digitales de los periódicos, las revistas y los libros.
Sin embargo, también hay un grupo de bienes que saldrían del grupo de excluidos si se aprueba así el proyecto de ley. Por ejemplo, saldría el controlador de carga para sistema de energía solar con paneles; y las bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, monopatines, monopatines eléctricos, patinetas, y patinetas eléctricas, de hasta 50 UVT.
También saldrían los computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de 50 UVT ($36.308 en 2021): es decir, que no valgan más de $1.815.000 según la UVT 2021. Y Los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) cuyo valor no exceda de veintidós (22) UVT.
Hay varios cambios en los servicios excluidos de IVA. Por ejemplo, no causarían el impuesto los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros de cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en general los planes adicionales, conforme con las normas vigentes.
Es relevante que el proyecto de ley propone que el IVA para servicios públicos sea solamente excluido para estratos bajos.
Es decir, el proyecto de ley establece que quedarían excluidos: “los servicios públicos de energía para los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Los servicios públicos de energía a base de gas u otros insumos para usuarios de estratos 1, 2 y 3; Los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, los servicios de aseo público y los servicios públicos de recolección de basuras para los usuarios de estratos 1, 2 y 3; El servicio de gas domiciliario para los usuarios de estratos 1, 2 y 3 ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros”.
También quedan excluidos los servicios de intermediación para el pago de incentivos o transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas en el marco de los programas sociales del Gobierno nacional.
Además, el transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte terrestre organizado no causará IVA.
El proyecto también aclara que no entran a los excluidos los tratamientos de belleza, y las cirugías estéticas diferentes de aquellas cirugías plásticas reparadoras o funcionales, de conformidad con las definiciones adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Y a partir del 1 de enero de 2022, los servicios postales y de mensajería estarán gravados a la tarifa del 19 %.
El Ministerio de Hacienda busca ampliar la base del IVA y la cobertura del impuesto. Insiste en gravar más bienes esenciales con este tributo, cuyas limitaciones actuales implican dejar de recaudar alrededor de $51 billones. La propuesta consiste en no gravar alimentos adicionales a los que hoy están gravados, ni sus cadenas de producción.
Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, esto se hará para proteger el consumo de los hogares de menores ingresos. El ministro ha recordado que en Colombia apenas se recauda 39 % del potencial del IVA, y la propuesta busca aumentar a 46 %.
Bienes que pagarían IVA del 5 %
También se modifica el grupo de bienes y servicios que pagan la tarifa del IVA del 5 %, de hecho varios de los bienes que saldrían del grupo de excluidos ahora entrarían en esta categoría.
Por ejemplo, se incluyen el inversor de energía para sistema de energía solar con paneles, el controlador de carga para sistema de energía solar con paneles, y también los paneles solares.
También entraría la compraventa de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero definido en el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, que generen y certifiquen reducciones de Gases Efecto Invernadero – GEI, según reglamentación que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Además, pagarían IVA del 5 % las bicicletas y bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto) de la partida 87.12, motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores) de la partida 87.11, monopatines eléctricos y patinetas eléctricas de la partida 87.11.60.00.90.
Continuarían los tres días sin IVA
El proyecto de ley de la reforma tributaria revela que el Gobierno mantendría su política de máximo tres días sin IVA al año, medida que es vendida como una ayuda para impulsar el comercio colombiano.
De esta manera por estos tres días quedarían exentos de IVA, es decir con tarifa de 0 %, el siguiente grupo de bienes y servicios:
- Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a veinte (20) UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.
- Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a veinte (20) UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.
- Electrodomésticos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a ochenta (80) UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.
- Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a ochenta (80)UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.
- Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a diez (10) UVT, sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.
- Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a cinco (5) UVT, si incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.
Ampliar la base al impuesto de renta para personas naturales
En cuanto al impuesto de renta para las personas naturales, la reforma propuesta busca incrementar el recaudo para la financiación de los programas sociales, aumentar la progresividad del sistema y ampliar la base gravable.
El documento indica que para el año gravable 2022 las personas naturales deberán pagar renta cuando la renta líquida gravable sea de 800 UVT anuales (alrededor de $2′420.000). Desde 2023 seráa partir de 560 UVT anuales.
La iniciativa contempla la sustitución de las rentas exentas por una única automática que beneficie a todos los contribuyentes en la misma medida.
Para Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, el texto que se conoce hasta el momento sí tiene cambios estructurales en temas como renta de personas y en reducciones de impuestos para empresas pequeñas (en donde se concentran buena parte de las pérdidas en empleo e ingresos generadas por la crisis). “Me gusta el tema de creación de empleo, es algo de fondo”, dijo en los micrófonos de Caracol Radio. Pero a la vez indicó que le preocupa la ampliación de Ingreso Solidario: “Es un problema de oportunidad, no de relevancia, claro. Pero hacer esto justo en el momento en el que estamos en una crisis fiscal es muy arriesgado”.
¿Cómo llegamos hasta acá?
La reforma tributaria que hoy se conoce ha tenido un camino agitado, pasado por duros debates acerca de la ampliación del IVA en bienes esenciales de la canasta familiar, por ejemplo. Los debates también incluyeron la extensión de la base gravable del impuesto de renta para personas naturales.
Hasta hoy, la reforma tributaria se había construido a punta de declaraciones del Gobierno, que en una medida nada despreciable tenían retractaciones del propio Gobierno días después.
La necesidad de hacer una tributaria para ajustar los golpes fiscales creados por la pandemia comenzó a ser esbozada desde hace por lo menos un año, en una entrevista del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con este diario.
En ella, el funcionario aseguró que “la crisis económica que atraviesa el país implica, de una parte, mucho más gasto público para atender los desafíos en salud pública, los humanitarios y los de iliquidez empresarial; pero también implica muchos menos ingresos públicos como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia. Esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia”.
Aunque algunos sectores abogaron por la presentación de la reforma el año pasado, sin las complicaciones preelectorales que trae 2021, el propio Gobierno consideró que no era conveniente hacerlo en un momento de pandemia y se trazó el primer trimestre de este año, marzo específicamente, como el momento máximo para hacerlo.
Medio mes después, el texto por fin ve la luz, luego de intensas consultas con los congresistas, que por estos días tienen una responsabilidad doble: discutir a fondo una reforma que por su contenido y momento histórico bien puede ser llamada crítica y, además, estar pendientes de su propia seguridad laboral de cara a las elecciones de 2022.
La demora en la presentación del proyecto se debe en buena medida por el trabajo a puerta cerrada que ha hecho el Gobierno con los congresistas para ir apuntalando su apoyo de cara a la discusión en el Legislativo. A principios de marzo de este año, el propio Carrasquilla aseguró que el proyecto estaba siendo discutido con “influyentes parlamentarios de muchas bancadas”.
A pesar de este trabajo, y por cuenta de la dinámica de declaraciones y retractaciones, el paso por el Congreso puede ser tumultuoso, como ha sucedido con el resto del proyecto. ¿Qué puede pasar en el trámite? Experiencias pasadas muestran que, al final, este tipo de reformas salen trasquiladas, que la “mermelada” aparece como motivación para aprobar o negar propuestas y que no falta quién intente colgarle algún “mico”, entendido como aquellos artículos o párrafos que aparecen de repente y que responden a intereses particulares. Duque pide un debate constructivo y que se escuchen las ideas de todos los sectores.
De acuerdo con consultas realizadas por este diario, el panorama legislativo podría resumirse de esta forma: los partidos de Gobierno le darán un espaldarazo al proyecto, aunque con reservas, los sectores independientes aún no cuentan con una postura unificada y definida y la oposición cerraría filas contra la reforma.
Vale la pena recordar que incluso figuras del Centro Democrático han criticado la reforma y han pedido que haya más recortes en el gasto del Estado.
Este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseguró en un informe que ve poco probable que el Gobierno pueda sacar adelante reformas estructurales, que considera necesarias, debido a la proximidad de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.
“La crisis del COVID-19 podría reavivar un apetito para discutir futuras reformas estructurales, pero con las elecciones de 2022, la ‘ventana política’ para hacerlo es muy corta”, afirmó la OCDE en su informe “Hacia el crecimiento 2021: dando forma a una recuperación vibrante”.
Así mismo, la OCDE ve probable que la pandemia provoque más informalidad, desigualdad y pobreza en Colombia, lo que supondría un retroceso a los “años de avances” para disminuir estos índices.
Tomado de EL ESPECTADOR