Desde San José del Guaviare, el fiscal general, Francisco Barbosa, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hicieron en la tarde de este lunes un corte de cuentas sobre la difícil situación de vulneración de derechos a niños, niños y adolescentes en el Guaviare.
El director del ente acusador empezó diciendo que en el marco de la compañía a la Seccional Guaviare, los diferentes funcionarios establecieron que no tienen pruebas de que un militar estadounidense hubiera estado detrás de una violación a una menor nukak de 10 años.
«Desde el 12 de enero, nosotros tenemos un equipo especializado de la Dirección de Derechos Humanos, conformado por fiscales y liderado por la vicefiscal general, Martha Mancera. Hicimos varios desplazamientos y podemos decir que es falsa la información que presentó Univisión, porque no pueden informar o tratar de explicar que es de dificultad de derechos humanos, a partir de una información falsa».
Para lanzar esa afirmación, Barbosa indició que fue entrevistado el director de Bienestar Familiar, quien negó alguna relación de un extranjero con una menor de la etnia nukak makú, y que eso fue corroborado con los documentos históricos que guardan en esa entidad y en la Personería.
También fue revisado, indicó el fiscal, el historial que reposa en un hospital de San José del Guaviare, despejando dudas con la sala de cirugía y un ginecólogo que trabaja en el lugar.
Las Fuerzas Militares y la Embajada de Estados Unidos en Colombia reportaron que no conocen de personal militar extranjero en bases de San José del Guaviare, o por lo menos no en la indicada en el reportaje, y mucho menos de un caso de tal magnitud en el que esté implicado alguien.
El caso en cuestión tiene que ver con un reportaje realizado por el periodista Gerardo Reyes en 2019, en el cual documenta que habría personas detrás de una menor nukak de 15 años que al parecer fue abusada sexualmente.
Finalizando su intervención, Barbosa comentó que luego de inspecciones de sus funcionarios a carpetas de Bienestar Familiar, se encontraron 378 casos entre 2018 y 2020, de indígenas mujeres que han sido víctimas en algún sentido de violencia sexual.
«Vamos a verificar esos datos con el SPOA y verificar si esas carpetas el ICBF fueron trasladadas, cada una de ellas, a la Fiscalía; porque de lo contrario, si hay algún vacío, iniciaremos procesos penales respectivos por prevaricato por omisión contra los funcionarios».
En el caso particular del supuesto extranjero implicado, el fiscal general afirmó que el miércoles va a enviar una carta formal al director de Univisión solicitando que se rectifique de lo dicho. Mientras que para atender el flagelo que viven niñas y mujeres indígenas en el Guaviare, expresó que va a destacar un equipo especializado
Por su parte, Carlos Camargo, como defensor del Pueblo resaltó que hay 933 casos evidenciados de vulneración de derechos de los niños y mujeres del Guaviare. Y que ellos le han seguido la pista en los últimos meses a 179 casos, 110 en el Guaviare «y el resto son del corredor amazónico: Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas».
Además, Camargo subrayó que Bienestar Familiar «ha conocido 125 procesos de restablecimiento de derechos, que no es cosa distinta a que el Estado asume la protección de derechos».
Para garantizar que se esté actuando a buen ritmo, la Procuraduría les solicitó a los equipos de Barbosa y Camargo-así como a otras entidades-que les envíen todo lo actuado para que no se vulneren los derechos de niñas y mujeres.
Con información de EL TIEMPO