El presidente Gustavo Petro convocará una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas de la salud y laboral. ¿Cuándo fue la última vez que se acudió a este mecanismo?
El presidente de la República, Gustavo Petro, convocará una consulta popular -en una fecha por definir- para que las y los colombianos decidan el futuro sobre las reformas de la salud y laboral, estancadas en el Congreso, y superar así «el bloqueo institucional» que, según él, hay en el Legislativo.
El presidente explicó que las leyes definen «cómo se convoca y que tiempos tiene para hacerla», pero insistió en que el objetivo es «desbloquear institucionalmente al país» con una consulta popular.
Según la Registraduría, la consulta popular «es el mecanismo de participación mediante el cual se eleva una pregunta de carácter general sobre un tema de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local es sometida por los ciudadanos o por el presidente de la república, gobernador o alcalde (según sea el caso) a consideración del pueblo para que este se pronuncie en las urnas».
Para convocar una consulta popular, la Ley exige la firma de todos los ministros y la aprobación de la Plenaria del Senado. Si lo consigue, la votación debe ser convocada por la Registraduría en un plazo máximo de tres meses después del concepto del Senado.
Pero para que la consulta sea válida se requiere que una tercera parte del censo electoral participe, hoy unas 13.6 millones de personas, y que la mayoría de esa población vote a favor de la consulta. Sin embargo, los antecedentes muestran que esa no es una tarea sencilla.
La última vez que hubo una consulta popular nacional fue en 2018, cuando las entonces congresistas Claudia López y Angélica Lozano impulsaron justo a otras figuras políticas la consulta anticorrupción. Esa iniciativa, sin embargo, se quedó por unos 465 mil votos de alcanzar el umbral electoral.
Esa consulta pudo llevarse a cabo luego de que en julio de 2017 sus convocantes le entregaron a la Registraduría cerca de 150 cajas que contenían 4.312.653 firmas de respaldo a su realización. La entidad tuvo 45 días para revisar las firmas. Un año después, el 5 de junio de 2018, en plenaria, el Senado aprobó 84 votos a favor y ninguno en contra la consulta.
Las preguntas de esa consulta incluían siete ejes: reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado; cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado; contratación transparente obligatoria en todo el país; presupuestos públicos con participación de la ciudadanía; congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión; hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio, y no más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.
A pesar de no haber alcanzado el número de votos necesario para hacer válida la consulta, las siete preguntas incluidas en el referendo tuvieron un respaldo entre el 99,02% y el 99,60%.
La pregunta con más apoyo (99.60%) solicitaba la opinión acerca de si se debía «obligar a los congresistas» a rendir cuentas anualmente «sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos».
Entre tanto, la que menos apoyo recibió (99,02%) fue la que cuestionaba a los colombianos si deseaban «establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales».
Caracol.