El magistrado Camilo Suárez, en entrevista con Noticias Caracol, detalló cómo funciona el sistema de control de la entidad. Algunos de los condenados son Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra.
Tras la histórica primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que condena a siete exintegrantes del secretariado de las Farc a ocho años de trabajos restaurativos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra como el secuestro, han surgido múltiples interrogantes sobre cómo se equilibrará la reparación a las víctimas con la participación política de los excombatientes. El magistrado Camilo Suárez despejó estas dudas en entrevista con Noticias Caracol, detallando cómo funciona el sistema de control de la entidad y su ‘regla de oro’: la sanción es lo primero.
Los condenados son Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko y quien fue el último jefe de las Farc; Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (alias el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez).
El magistrado Suárez enfatizó que el modelo de la JEP no se basa en el castigo tradicional de encarcelamiento, sino en la justicia restaurativa, cuyo objetivo principal es reparar el daño causado a las víctimas. La sanción, que es la máxima de 8 años que permite la ley, busca que los responsables restauren y reparen directamente a las víctimas y a los territorios afectados.
«Este modelo visibiliza y dignifica a las víctimas, pero busca que el compareciente restaure y repare el daño que causó», explicó Suárez. Aunque reconoció el inconformismo de algunas víctimas que consideran las sanciones desproporcionadas, aclaró que estos crímenes no fueron amnistiados, sino juzgados, y que la sentencia busca contribuir a la paz y la no repetición.
Sistema de vigilancia en cuatro niveles y control tecnológico
Para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia, la JEP ha diseñado un sistema de monitoreo permanente que operará durante los 8 años de la sanción. Este sistema se compone de cuatro niveles:
- La Magistratura: los cinco magistrados del tribunal supervisarán de manera continua el cumplimiento.
- Misión de la ONU: la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas vigilará la ejecución de la sentencia y reportará cualquier incumplimiento al Consejo de Seguridad.
- Secretaría Ejecutiva de la JEP: desplegará personal en el terreno para una verificación directa.
- Control tecnológico y social: se utilizarán dispositivos electrónicos, como teléfonos especiales o brazaletes, para un rastreo en tiempo real de la ubicación de los sancionados. La sociedad y las propias víctimas también actuarán como veedores.
Los sancionados deberán permanecer en un espacio geográfico delimitado y georreferenciado, y no podrán salir de este perímetro sin autorización previa del tribunal. «Se ha dispuesto crear un centro de control al interior de la jurisdicción donde en tiempo real sabremos dónde están y qué están haciendo», afirmó el magistrado.
Por otro lado, uno de los puntos más sensibles es la participación política de los excombatientes. Suárez aclaró que, si bien las normas constitucionales y legales producto del acuerdo de paz no establecen una inhabilidad, el tribunal impuso una regla determinante: «Prevalece y se privilegia el cumplimiento de la sanción sobre el ejercicio de la política».
Esto significa que los sancionados pueden ejercer sus derechos políticos, pero estas actividades no pueden interferir ni «sacrificar» el cumplimiento de sus labores reparadoras. Si un excombatiente desea realizar actividades políticas fuera de su zona asignada, deberá: presentar un plan detallado al tribunal informando sobre los eventos, lugares y fechas; esperar la evaluación y autorización del tribunal, que siempre priorizará el cumplimiento de la sentencia, y no utilizar el ejercicio político para realizar «acciones revictimizantes» o desconocer los mandatos de la sentencia.
El mensaje final, según el magistrado, es que este modelo busca consolidar el proceso de paz. «Es un mensaje que está enviando el tribunal de que se puede hacer política sin violencia, que se puede participar en la política sin matarnos», concluyó.
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