La disposición, firmada por el presidente Gustavo Petro y su gabinete, fue calificada por Cepeda como contraria a la Constitución.
Luego de concluir la sesión plenaria en la que se debatía la reforma laboral, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, manifestó su rechazo al decreto presidencial que convoca a una consulta popular.
La disposición, firmada por el presidente Gustavo Petro y su gabinete, fue calificada por Cepeda como contraria a la Constitución.
El presidente del Senado colombiano, Efraín Cepeda | EFE/Carlos Ortega
Durante su intervención, el congresista declaró que el acto administrativo firmado por el Ejecutivo representa una vulneración de los principios democráticos.
“Ha perdido el respeto a la Constitución, las leyes de Colombia y las divisiones de poderes”, afirmó Cepeda, al anunciar que recurrirá a las altas cortes para interponer una demanda.
El decreto presidencial que convoca a la ciudadanía a una consulta popular el próximo 7 de agosto ha generado distintas reacciones en el ámbito legislativo.
Desde el Gobierno se argumenta que esta medida busca abrir un canal directo con la ciudadanía ante la falta de avances en el trámite legislativo de la reforma laboral.
Contra todo, Gustavo Petro firmó el decreto que convocar una consulta popular – crédito redes sociales
Sin embargo, varios sectores del Congreso han expresado reservas frente a los alcances jurídicos de la decisión.
El presidente Petro ha reiterado que, si el Senado aprueba la reforma con los elementos que considera fundamentales, el decreto será retirado.
En ese sentido, aseguró que el objetivo es que el Congreso tenga la oportunidad de debatir y decidir sobre el articulado antes de que la ciudadanía sea convocada a las urnas.
Congreso de la República de Colombia – crédito Mariano Vimos/Colprensa
Desde la ciudad de Cali, donde el mandatario acompañó una serie de movilizaciones en respaldo a la consulta, insistió en que aún es posible llegar a consensos.
“El Senado no quiere aprobar una reforma laboral progresista en favor de los trabajadores, sino que se contrate a la gente por horas, es decir, peor de lo que estamos hoy. Efraín, haga un último intento”, expresó.
La sesión del miércoles estuvo marcada por la tensión, luego de que la ponencia mayoritaria fuera aprobada sin el respaldo de los senadores del Pacto Histórico, quienes no la votaron al considerar que se alejaba de la propuesta inicial del Gobierno.
Gustavo Petro ya firmó el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, con el que deja en firme la consulta popular – crédito @petrogustavo/X – suministrada a Infobae Colombia
Esta decisión evidenció las divisiones existentes en torno al contenido de la reforma laboral, que continuará su trámite en el Senado este jueves desde las 8:00 de la mañana.
En medio del debate, el presidente Petro también explicó algunos de los elementos clave de su propuesta, como la jornada laboral de ocho horas, la fijación del final del día laboral a las 6:00 p. m., y la eliminación de diferencias entre jóvenes trabajadores y otros empleados.
“Estoy proponiendo una jornada de 8 horas, que el día se acabe, como todo colombiano sabe, cuando se oculte el sol, que es a las 6:00 de la tarde. Que no haya discriminación entre la juventud trabajadora y el resto de trabajadores”, indicó.
La expedición del decreto también impactó las conversaciones que se venían adelantando en el Congreso para alcanzar un acuerdo sobre el articulado de la reforma.
Varios senadores se retiraron de la mesa de diálogo luego de conocerse el contenido del documento firmado por el presidente, lo cual ha ralentizado el avance del proyecto.
Frente al escenario actual, Cepeda aseguró que la consulta no cuenta con base legal suficiente y anticipó que desde el Legislativo se buscará impedir su realización.
“En el Senado estamos para tumbar ese decretazo que no tiene ningún sustento, y estoy seguro de que la autoridad electoral no llamará a la consulta”, puntualizó.
El jefe de Estado ha defendido la legalidad del decreto con base en su interpretación del artículo 4 de la Constitución, que establece la supremacía de la Carta Política sobre cualquier otra norma. Según el Gobierno, la votación en la que el Senado negó la solicitud original de consulta adoleció de vicios constitucionales que justifican la emisión directa del decreto.
La controversia también se extiende al papel de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, entidades que tendrían que pronunciarse sobre la viabilidad técnica y jurídica del proceso de consulta. Aún no hay pronunciamiento oficial por parte de estos organismos sobre la convocatoria presidencial.
En paralelo, se espera que las altas cortes reciban acciones judiciales en los próximos días para evaluar la legalidad del decreto. El desarrollo de los acontecimientos dependerá tanto del trámite legislativo como de las decisiones judiciales que puedan tomarse en relación con el alcance constitucional del decreto emitido por el presidente de la República.
Infobae