Si les creyéramos a ciertos líderes políticos, el gobierno de Gustavo Petro acaba de darles un golpe certero a la esencia de la seguridad y a las familias en Colombia. No exageramos. El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez escribió en su cuenta de X: “Legalizar la droga, y, ¿entonces la juventud y la familia y el futuro de la nación?”. Otro expresidente, Iván Duque, escribió que “con las nuevas deposiciones les llegó su diciembre a los delincuentes. Otra medida en favor del crimen y el detrimento de los niños, las niñas, la juventud y las familias colombianas”. Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, dijo que “muchas decisiones presidenciales están dirigidas a despejar el camino de la criminalidad que implica mayor inseguridad para los ciudadanos”. Lo dicho, parece que estuviéramos frente al acabose. Con un solo problema: lo único que hizo el Gobierno fue cumplir con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y corregir una medida inconstitucional de la administración Duque. ¿Por qué no se pueden dar debates maduros sobre el tema de las drogas?
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que el Decreto 2114 “lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal”. Esto lo hace para cumplir la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-127 de 2023, el alto tribunal fue claro en decir que la prohibición del consumo quedó mal hecha, pues violaba derechos fundamentales. Y aclaró que “llevar consigo la sustancia con fines de consumo propio o de dosis medicada, lo que constituye una acción sin relevancia externa, no pone en riesgo o en peligro los derechos de los niños” y por eso no puede ser sancionada. Entonces, lo único que hizo el Gobierno fue cumplir con la jurisprudencia. Volviendo al ministro Osuna, dijo que no se “elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico, ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños”.
Es irresponsable, entonces, que líderes políticos desinformen y siembren pánico sobre un tema que no lo merece. Además, porque en el proceso desconocen que las multas al consumo individual, más allá de luchar contra el microtráfico, se prestan para perfilamientos, abusos de autoridad y fricción entre las autoridades de policía y las comunidades. Lo señalamos en su momento cuando la administración Duque anunció con rimbombancia las medidas policivas: eran mucho ruido con pocos efectos. Se trata de una estrategia caduca que no protege a los niños, niñas y adolescentes, y solo crea más violencia. Populismo del más efectivo, pues les habla a los miedos de padres y madres, pero que en la práctica no muestra resultados.
Lo más preocupante es que Colombia sigue en mora de una discusión pública sobre la guerra contra las drogas. La lucha en las ciudades contra los carteles de microtráfico la estamos perdiendo y no es por falta de capacidades de las autoridades, sino porque no tenemos herramientas alternativas para cambiar el paradigma. El problema es que, si cada vez que se propone un cambio, salen los argumentos falaces de protección a niños y niñas, nunca vamos a poder avanzar.
Editorial, El Espectador