La Corte Constitucional concedió una tutela que habían presentado varias organizaciones sociales y determinó que se desconoció el derecho a la participación de las comunidades campesinas que residen en los municipios donde se implementará el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos que presentó la Policía Nacional.
Entonces, el alto tribunal tumbó la resolución con la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había dado su visto bueno a ese programa que contempla la aspersión con glifosato y ordenó una nueva consulta previa con las comunidades de 104 municipios en 14 departamentos.
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