La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Aroldo Quiroz, acaba de confirmar que es improcedente la tutela que presentaron en contra del presidente de la república, Iván Duque, por la presencia de tropas de EE.UU. en territorio colombiano.
El ciudadano que presentó la tutela reclamó “el resguardo de las garantías esenciales a la paz («como derecho fundamental ligado a la protección de la vida») y al debido proceso constitucional, presuntamente conculcados y amenazados por el convocado al permitir el tránsito y permanencia dentro del territorio patrio, de tropas «extranjeras y mercenarias» de los Estados Unidos de América, lo cual, afirmó, desestabiliza la seguridad suramericana”.
Solicitó, entonces, «ordenar el retiro inmediato de las tropas, regulares y mercenarias, haciendo el apercibimiento al presidente de suspender la participación en hostigamientos, personales, militares y de mercenarios contra Venezuela», así como abstenerse de conculcar y amenazar «nuevamente… los derechos fundamentales aquí invocados».
Cuestionó, además que el presidente de la república, sin el previo agotamiento del trámite previsto para el efecto en la Constitución Política, autorizara el ingreso a Colombia a algunos integrantes del ejército de los Estados Unidos de América (EE.UU.); situación que, en su sentir, vulnera y amenaza las garantías esenciales a la paz («como derecho fundamental ligado a la protección de la vida») y al debido proceso constitucional.
En octubre, el Consejo de Estado se pronunció. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo determinó que, precisamente, otra tutela interpuesta no era el mecanismo idóneo para este caso. No es la misma tutela. Cepeda y otros congresistas de oposición ganaron un primer pulso, en el que se le ordenaba al presidente Iván Duque -en un plazo máximo de 48 horas- enviar al Senado toda la información correspondiente al arribo y permanencia de las tropas extranjeras.
El caso en concreto hace mención a la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, que fue anunciada por la misma Embajada de Estados Unidos. A través de un comunicado especificaron que estas tropas llegarían a Colombia.
Una semana después, varios congresistas le solicitaron al presidente Iván Duque se les indicaran las razones por las cuáles la opinión pública fue informada a través de un comunicado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos de América, acerca de la presencia de tropas de ese país en el territorio nacional y no por medio de una declaración suya.
Además, le pidieron que rindiera un informe al Senado de la República en el que explicara de manera detallada la naturaleza, objetivos y condiciones de la presencia militar extranjera en Colombia, “con el fin de que sea sometido a consideración de la Corporación, en virtud de lo establecido en el numeral 4 del artículo 173 de la Constitución Política y el numeral 9º del artículo 313 de la Ley 5ª de 1992 – Reglamento Interno del Congreso, en los que se indica que es atribución del Senado de la República”.