Hace poco más de una semana desde Popayán, Cauca, el registrador Alexander Vega manifestó que si no se controla la delicada situación de orden público, se podrían aplazar las elecciones regionales en este departamento del sur del país. Asimismo, habló de 12 municipios de esta región que presentan alto riesgo electoral y anunció que serán priorizados para los comicios.
Estos municipios son Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, El Tambo, La Sierra, López de Micay, Morales, Patía, Rosas, Suárez y Timbiquí. El periodico EL TIEMPO consultó a los alcaldes de Argelia y Caldono, ambos amenazados por grupos al margen de la ley que hacen presencia en sus territorios. Dieron su visión sobre lo que está ocurriendo actualmente en el departamento y las declaraciones del registrador donde advierte que se podrían correr las elecciones.
“O salvamos entre todos las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas» fueron las palabras de Vega el pasado miércoles, refiriéndose al Cauca.
Sobre esta posibilidad, José Vicente Otero, alcalde de Caldono, cree que sería una medida “bastante drástica”, a pesar de haber denunciado en varias ocasiones la crisis humanitaria que vive su población.
“Correr las elecciones sería poner en más vulnerabilidad a nuestros territorios. La elección se debe hacer siempre y cuando el Gobierno garantice la movilidad y el libre ejercicio de la democracia. Creo que el no hacer las elecciones en los tiempos programados es, además de un riesgo, un estigma más para estas comunidades que habitan en estos 12 municipios del departamento del Cauca”, expresa Otero, quien hace casi un año tuvo que salir de Caldono por aparecer como objetivo militar de un grupo armado.
Según datos proporcionados por la administración municipal, en lo que va corrido del año en Caldono se han producido 37 de casos de amenazas a líderes sociales, 3 hostigamientos, 30 casos de reclutamiento de menores y 21 homicidios, la mayoría contra autoridades de resguardos indígenas y firmantes de paz.
“No hemos tenido acompañamiento por parte del Gobierno Nacional en la defensa de la vida y el territorio en un municipio donde llevamos varios años en una crisis humanitaria y donde el 80 por ciento de la población es indígena”, dice Otero.
En Argelia la situación no es muy distinta. Según Jhonnatan Patiño Cerón, alcalde del municipio, se han evidenciado episodios de constreñimiento a los habitantes, así como amenazas a candidatos y candidatas, especialmente en los corregimientos de El Plateado, la Emboscada y Santa Clara, donde un grupo armado tiene completo control.
“Eso deja prever que pueden actuar en las elecciones sobretodo donde tienen control, donde seguramente van a intentar controlar los resultados”, afirma. Sin embargo, no cree que la solución sea suspender los comicios. “Yo diría que en lugar de aplazar las elecciones una buena opción sería trasladar las mesas de votación hacia un puesto más seguro y tratar que la gente se pueda desplazar a un sitio en donde nadie le diga por quién votar. Creo que sería una medida más acertada”, expone.
En los corregimientos anteriormente señalados, Patiño asevera que habría un potencial electoral de aproximadamente 5.000 personas. “Plateado es una población bastante grande y tendrá entre 10 y 12 mesas de votación. Santa Clara tiene una ya que es pequeño y en la Emboscada hay alrededor de cinco mesas”, indica.
El funcionario explica que en estos corregimientos hay un elevado índice de confrontaciones entre grupos armados, quienes al retroceder han colocado minas antipersona por casi todos los lugares donde circula la población. “Hay minas en fincas, en caminos, carreteras, montañas, en todas partes. Hay un grave problema de minas en buena parte del territorio”, manifiesta.
Del mismo modo, estas constantes confrontaciones tienen suspendidas las clases y afectados más de 4.000 estudiantes. “A los padres les da temor mandar a los niños porque en cualquier momento puede haber confrontaciones y están en riesgo”, describe.
En sus declaraciones, Vega afirmó que la Registraduría implementará herramientas tecnológicas como la biometría en las mesas de votación de estos municipios, con el fin de evitar posibles delitos electorales como la suplantación de votantes y la compra y venta de votos.
Ahora bien, Patiño insiste en la viabilidad de trasladar las mesas hacia esas zonas donde haya mayor control por parte del Estado y considera que si la Fuerza Pública llega para ejercer un mayor control esto “permitirá que la gente tenga garantizado su derecho a votar”.
Por su parte, Jose Vicente Otero dice que las priorizaciones anunciadas por las entidades electorales no deberían quedarse solamente en un cuidado por tema electoral, sino para la convivencia en general: “No hemos tenido acompañamiento por parte del Estado en la defensa de la vida y el territorio de un municipio que lleva varios años en una crisis humanitaria”, dice.
“Creo que el Gobierno Nacional puede corregir en la medida en que tenga la voluntad y, sobre todo, la logística para que realmente se pueda cumplir este ejercicio democrático. Pero no estoy de acuerdo de que se tiene que fijar otra fecha”, comenta la autoridad de Caldono.
“Más allá de si son 100, 110 o 99 municipios en riesgo, lo cierto es que hay una situación de guerra que estamos padeciendo y que lastimosamente nos dejaron los anteriores gobiernos”, agrega Patiño en relación a las diferencias institucionales que hay entorno a las cifras de municipios en riesgo electoral.
EL TIEMPO