Cinco medallas de orden público y decenas de felicitaciones en su hoja de vida consolidaron al coronel Publio Hernán Mejía como uno de los oficiales más condecorados del Ejército.
Pero en 2007 su situación cambió cuando se destaparon sus presuntos vínculos con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los señalamientos sobre su participación en ejecuciones extrajudiciales, que llevaron al Ministerio de Defensa a apartarlo de su cargo y, 6 años después, a que la justicia ordinaria dictara una sentencia de 19 años en su contra.
El coronel en retiro recuperó su libertad por una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en junio del año pasado anunció que iniciaría su campaña para llegar a la Presidencia de la República e incluso participó como aspirante en un foro organizado por el Grupo de Pensamiento y Acción Foro Atenas, al que asistieron otros políticos con asiento en el Congreso. Es el fundador del movimiento Primero la Patria y se mantiene activo en redes sociales haciendo duros comentarios sobre la realidad nacional.
Luego de una extensa investigación, esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puso a sonar nuevamente el nombre de Mejía, quien –según el tribunal– activó un plan criminal en el batallón La Popa de Valledupar, que comandó entre enero de 2002 y el mismo mes de 2004, para asesinar civiles (varios de ellos, menores de edad, indígenas y personas vulnerables) y presentarlos ilegítimamente como delincuentes dados de baja en combate, práctica conocida como ‘falsos positivos’.
En el dosier de la JEP se evidencia que la salida de Mejía del batallón no significó el fin de las ejecuciones. Por el contrario, para aumentar las estadísticas en esa unidad, su reemplazo, el coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, habría mantenido la presión sobre sus subalternos por las bajas en combate y desplegado una serie de incentivos como permisos, viajes, descansos y pagos de dinero a quienes entregaran los mayores resultados. Hoy, el paradero de Figueroa es un enigma: salió del país con destino a Francia en 2019 y, no obstante los intentos de la justicia para ubicarlo, se desconoce su paradero.
Pero su ausencia no fue impedimento para que la JEP lo vinculara, junto con el coronel Mejía, como máximo responsable de 127 ‘falsos positivos’ que se habrían cometido en el batallón La Popa durante la comandancia de estos dos altos oficiales, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
En una imputación de casi 400 páginas –la segunda que expide la JEP en el macrocaso 03, de ‘falsos positivos’, después de la del Catatumbo–, el tribunal puso a responder a Mejía y Figueroa como autores mediatos de los asesinatos, y a otros seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados, como coautores. En total, 15 militares que habrían participado de un entramado para planear, ejecutar y encubrir crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La alianza con ‘paras’
Tras contrastar ocho informes de entidades y ONG, 61 versiones, 13 escritos de observaciones, 20 inspecciones judiciales, entre otras evidencias, la JEP encontró dos patrones en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del batallón La Popa.
Primero, el presunto asesinato de personas señaladas (sin verificación) de pertenecer a grupos guerrilleros o de delincuencia y sin que se hubiera presentado combate alguno, con “el objetivo de eliminar al enemigo a toda costa”. Y, segundo, la selección de víctimas en condición de vulnerabilidad (como habitantes de la calle) de otras ciudades, a quienes habrían engañado mediante promesas de falsos trabajos, para captarlas y asesinarlas.
El rol del coronel Mejía habría sido determinante, pues, según la sala, “cuenta con copiosos medios de prueba, incluyendo decisiones judiciales”, que le permiten determinar que su llegada al batallón “marcó el inicio del primer patrón de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”. Y para eso, el alto oficial habría formado una alianza con paramilitares del bloque Norte de las Auc. La situación fue de tal magnitud que de las 86 bajas reportadas durante los dos años de comandancia de Mejía, 75 (el 87 por ciento) habrían sido ilegítimas: la sala concluyó que se trató de asesinatos y desapariciones.
De esas 75 muertes, al menos 50 (incluidos tres indígenas kankuamos y una mujer) se habrían dado a causa del nexo con los paramilitares. Y 46 víctimas fueron entregadas directamente por ellos, bajo señalamientos de que eran auxiliadores de la guerrilla o delincuentes y 14 habían sido previamente asesinadas por los ‘paras’.
Los relatos de algunos uniformados involucrados en los primeros ‘falsos positivos’, a inicios de 2002, señalan la forma en la que, supuestamente, el coronel se refería a las víctimas asesinadas por paramilitares y luego presentadas como resultados operacionales. Heber Hernán Gómez Naranjo y Nelson Javier Llanos Quiñones dijeron que Mejía Gutiérrez usaba expresiones como: “Hermano, no se preocupe que eso es un bandido” o “hermano, eran bandidos y se tenían que morir”.
EL TIEMPO se comunicó con el coronel Mejía, pero aseguró que solo se pronunciaría una vez termine de leer el auto de la JEP. En sus versiones ante ese tribunal, el oficial esgrimió su inocencia y señaló que la Fiscalía montó una “horrible mentira, para ocultar la verdad y arrasar con la vida de hombres inocentes”, y dijo que todos los testigos del ente acusador fueron “comprados y aleccionados”.
En el expediente hay testimonios de los soldados bajo el mando de Mejía, así como declaracione entregadas por paramilitares en Justicia y Paz y en la justicia ordinaria, que señalan lo contrario. De hecho, para la JEP, no solo hubo un “alianza probada” entre el oficial y los ‘paras’, sino que su comunicación fue “permanente y fluida”. “Tanto que, como lo encontró la justicia ordinaria, entre los paramilitares el señor Mejía era conocido bajo el alias de ‘Bombillo Rojo’ ”, se lee en la imputación en su contra.
De acuerdo con la JEP, para cometer los ‘falsos positivos’ se formó una ‘organización criminal’ que partió de una detallada división del trabajo al interior del batallón La Popa. “Al inicio los roles fueron asignados por el comandante del batallón en coordinación con miembros de su plana mayor y los paramilitares, y posteriormente por comandantes de pelotones.
Eso, a su vez, se tradujo en la especialización de funciones por parte de algunos miembros de la tropa: ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparación de la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las víctimas en otros lugares para ser trasladadas”.
Eran tan elevados los resultados operacionales que surgieron de ese entramado criminal, que levantaron sospechas entre algunos agentes de la sección de operaciones, por lo que Mejía “se aseguró de que quienes ocuparan la jefatura de esa sección debían resultar funcionales a la práctica”.
En efecto, cuando Mauricio Zabala Cardona —hoy brigadier general en servicio activo— llegó a ese cargo, en agosto de 2003, fue relevado apenas un mes después y reemplazado por un oficial de menor rango.
“Lo que yo pude evidenciar es que el coronel Mejía no permitía hacer seguimiento de batalla, todo lo hacía era él”, contó el brigadier en la JEP, y agregó que cuando empezó a ver “esa dinámica operacional tan alta” y sugirió revisar la maniobra, Mejía “no lo tuvo en cuenta” y, posteriormente, lo cambió de puesto. Para la JEP, ese hecho fue ordenado por el coronel “con el fin de evitar la amenaza de alguien que pudiera influir o cuestionar la forma en la que operaba la unidad militar y en la que, por tanto, se desarrollaba el plan criminal ideado por Mejía Gutiérrez”.
Cambio de mando
Cuando el coronel Juan Carlos Figueroa llegó a comandar el batallón La Popa, en enero del 2004, no solo se encontró con los altísimos resultados de Mejía, sino “con la demanda de sus superiores por superarlos”.
La lógica de las ejecuciones extrajudiciales se fue transformando, al punto de que el objetivo, dice la JEP, dejó de ser “eliminar al enemigo” para orientarse “a la presentación de bajas dirigidas a responder a la presión por resultados” y a “conservar la reputación del batallón como una unidad que atacaba con contundencia”.
Mientras Mejía reportó 86 bajas en 24 meses, Figueroa en 18 meses informó de 113 (51 de ellas, ocurridas en 33 eventos, ilegítimas), dice la JEP. En la imputación se señala que Figueroa sabía de “la existencia de una organización criminal” dedicada a cometer ‘falsos positivos’ en La Popa y, aun así “exigió de manera expresa a sus hombres la presentación de bajas, al tiempo que supeditó la concesión de descansos periódicos a la obtención de bajas y prometió y autorizó días adicionales de descanso a quienes reportaran este tipo de resultados”.
Desde el jueves, a los dos coroneles y los otros 13 militares imputados les está corriendo el plazo de 30 días que tienen para aceptar o rechazar los cargos, y de tomar esta última opción, irán a un juicio en el que no demostrar su inocencia les abriría la puerta de condenas hasta de 20 años de cárcel.
La JEP también tendrá que resolver qué pasará si el coronel Figueroa definitivamente no aparece, lo que sentaría un precedente frente a los demás uniformados que no acudan a la diligencia en la JEP. Algunas víctimas han pedido que se tramite una orden de captura internacional, y otras, que se inicie el proceso para su expulsión de la JEP.
Afectación a indígenas
La JEP documentó un daño “grave, diferenciado y desproporcionado” del que fueron víctimas pueblos indígenas wiwas y kankuamos. Entre los 127 asesinatos, 9 víctimas eran hombres kankuamos y 3 eran jóvenes wiwas; entre ellos, una niña de 13 años en estado de embarazo.
Para el tribunal, los ‘falsos positivos’ llevaron a una ruptura del sistema de creencias, la confianza colectiva, la imposibilidad de realizar los duelos, el miedo crónico que afectó las relaciones comunitarias, la polarización social y el descrédito de las instituciones.
Tomado de EL TIEMPO