A través de un comunicado, la Contraloría General de la Republica advirtió sobre los riesgos en la continuidad de la prestación del servicio de energía para 10 millones de usuarios en el territorio nacional.
De acuerdo con el organismo de control, existe un “retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Las regiones afectadas incluyen la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada), donde más de 10 millones de personas podrían verse impactadas por esta crisis. La Contraloría General ha destacado que, aunque la vigilancia y el control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta el momento no se ha registrado ninguna acción por parte de estas autoridades ante la gravedad de la situación.
“El Contralor General de la República hace un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional. Entre ellas, deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía”, dijo el organismo de control.
Cabe mencionar que la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Minas y Energía, se pronunció sobre la importancia de la seguridad y confiabilidad energética, no solo en el reciente estudio publicado sobre este tema, sino en el realizado en el 2022 sobre “Avances de la Estrategia para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en la Región Caribe”, en el que se concluyó que persisten retos como los giros de subsidios y el pago de consumos de los usuarios, incluyendo entidades públicas del orden municipal y departamental. La sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos. Así mismo, se advirtió entonces que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Acciones de contralores
Los contralores de los departamentos adelantan una acción popular en donde solicitan que se tomen tres acciones: La primera consiste en que el presidente de la República, Gustavo Petro, nombre en propiedad a los expertos comisionados de la CREG, debido a que solo hay dos funcionarios.
Asimismo, los contralores están solicitándole a la Superintendencia de Servicios Públicos que evalué la intervención y si es necesario la liquidación, al considerar que hay causales de toma de posesión como malas prácticas, entre ellas un supuesto uso de los recursos de contribuyentes destinados al pago de terceros para financiar la prestación del servicio de energía.