Según las investigaciones, abogados tramitadores que estaban al servicio de la organización delincuencial facilitaban el acceso.
La audiencia comenzó a partir de las 10:00 a.m., cuando la Fiscalía Octava contra la Corrupción de Bogotá presentó ante el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla el extenso grupo de capturados por presuntamente integrar una red dedicada al robo de tierras en el Atlántico.
Si bien, la audiencia había comenzado temprano, esta se alargó hasta altas horas de la noche debido a las pruebas que fueron aportadas por la fiscal contra los acusados, como también la actuación de defensa de los abogados y posterior a eso el debido estudio del juez para determinar si eran legales o no dichas capturas.
Pese a que la defensa de los hoy capturados se opuso a la legalización de sus detenciones argumentando que; “No versa un GAO o un GDO y que además se estudiara la posibilidad o más bien la legitimidad de esta decisión”, el despacho tuvo la oportunidad de verificar la documentación enviada por la Fiscalía General de la Nación, determinando que las capturas eran legales.
“En cuanto a las capturas se revisó por parte del despacho cada una de las 17 carpetas teniendo en cuenta naturalmente los diferentes ítems que plantearon los 12 defensores, repito pues son siete temas en los que coincidieron los 12 defensores y se revisaron cada uno de los aspectos para precisar si tenían o no razón. El despacho encuentra que las capturas que se adelantaron por parte de la policía judicial frente a las personas aquí puestas a disposición son legales”, afirmó Monroy.
Fue así como el juez Ángel Monroy decretó legal la captura en contra de Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, Iván Páez, registrador de Soledad; y David De Castro, exregistrador de Soledad.
Como también la captura de Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Sala, con ese mismo oficio; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Bossio, abogado; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular, José Peñaloza, supuesto poseedor irregular; y Roque José Lugo, presunto testigo falso.
Sin embargo, el juez determinó que la orden de captura contra Marlon Mora Montesino, Inspector de la Policía, no era legal debido a un error en la orden de detención, puesto que al momento de hacer copia del texto este no se escribió completo.
“Todas las capturas son legales, excepto en el caso del señor Marlon Mora Montesino. Vemos que la orden de Mora Montesino se comió la mitad del enunciado…Fecha de los hechos, hechos ocurridos desde el 30 de enero de 2019 hasta la fecha…No dice más, quizás por el copia y pegue, por alguna razón que desconozco, no es de mi competencia precisa que pasó, pero la orden está incompleta en ese punto frente a este ciudadano. En caso tal no tenga otro requerimiento pendiente, ordeno su libertad de manera inmediata. De resto, todas las órdenes cumplen con ese requisito”, resaltó el juez.
El juez Ángel Monroy informó que las audiencias continuarán en horas de la tarde de este miércoles 16 de abril, exactamente a las 2:00 p.m., donde se determinará el futuro de los capturados.
Red de robo de tierras se habría “apoderado de predios que eran para megacolegios”
Tierras para megacolegios son algunas de las propiedades que fueron afectadas por presunta red integrada por funcionarios y exfuncionarios públicos, señalados del robo de tierras en Barranquilla y Soledad.
La organización, según las investigaciones, tenía personas específicas que cumplían las funciones necesarias para llegar al objetivo, que era apoderarse de terrenos ajenos.
El Jefe del Grupo Anticorrupción de la Policía Nacional de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, el coronel Jorge Mora, explicó tres modalidades delictivas utilizadas por la organización.
“La primera línea investigativa tiene que ver con la corrupción de servidores públicos que omiten su función y están involucrados con organizaciones delincuenciales con el fin de no proteger el patrimonio público. Segundo, poseedores ilegales e irregulares de tierras. Tercero, abogados tramitadores que están al servicio de la organización delincuencial con el fin de apoderarse de tierras que estaban a disposición de realizar megacolegios y la construcción de ambientes públicos para la ciudadanía”, puntualizó el oficial.
Las autoridades manifestaron que uno de los terrenos, de 277.000 metros cuadrados, fue desviado a manos de particulares, quienes lo fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes, cada uno con un valor aproximado de $50.000.000.
«Afectaron a proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras y ocuparon ilegalmente zonas de uso público y goce de la comunidad, las cuales tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques«, manifestó el Coronel.
Según las investigaciones adelantadas, los funcionarios públicos que fueron capturados en diligencias de allanamientos en Barranquilla, Soledad y Cereté, Córdoba, “permitían escrituras públicas y en vez de proteger un patrimonio que era de la ciudadanía, estas personas se apoderaban ilegalmente de ellos. Existía una serie de abogados que a través de terminologías y falsedades ideológicas y documentales presentaban documentos falsos y así eran poseedores ilegales. Utilizaban a personas con conocimiento de causa para que estas se presentaran como poseedores ilegales de las tierras”.
El Heraldo y Zona Cero.