La Fiscalía imputará cargos a un policía que participó en el procedimiento de traslado de una menor de 17 años a la URI de Popayán y quien luego de denunciar abuso sexual se suicidó.
Así lo afirmó la Fiscalía en el informe que presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra de visita en el país examinando los hechos de violencia que se han registrado desde el 28 de abril.
En el documento de 35 páginas la Fiscalía General señala que expidió una resolución para examinar con enfoque de género las denuncias sobre casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, la explotación sexual, entre otras conductas en el marco de la protesta.
A la fecha dice el informe hay reportadas 14 mujeres víctimas de violencia, 1 policía y 13 civiles.
Una de ellas Alison Mélendez de 17 años quien aparece en videos siendo llevada por la fuerza por un grupo de agentes de la Policía en Popayán. La menor fue llevada a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI). Tras permanecer en el sitio fue entregada a su abuela y al día siguiente se conoció su denuncia sobre el abuso sexual del que habría sido víctima. Luego la menor se suicidó.
El hecho llevó a una jornada pacífica de rechazo en la capital del Cauca y luego a actos de violencia en los que hubo enfrentamientos con la Policía y se prendió fuego a la sede de la Fiscalía y Medicina Legal de la localidad.
Los investigadores luego de la práctica de varias pruebas descartaron que la menor hubiera sido víctima de acceso carnal dentro de la URI y siguieron investigando los tocamientos que se habrían dado durante el traslado y el exceso de la fuerza.
«Así, se recaudaron entrevistas, videos, extracción de información de redes públicas, extracción de información de aparatos electrónicos manipulados por la menor, reconstrucción y levantamiento en 3 D del lugar de los hechos, entre otras. Por estos hechos, ya se tiene programada una audiencia de formulación de imputación en contra de un integrante del ESMAD», señala el informe del ente acusador conocido por EL TIEMPO.
El informe también señala que la Fiscalía investiga 21 casos de homicidios de personas que ocurrieron en el marco de la protesta y destaca que ya en cuatro de los mismos hay resultados concretos. Otros 11 están en verificación y 19 han sido descartados como asociados a las protestas.
El ente acusador indicó que ya hay personas judicializadas por cuatro casos concretos:
El del Capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, asesinado en Soacha, por cuyo caso hay tres personas privadas de la libertad a las cuales ya se imputaron cargos.
El del joven Santiago Andrés Murillo Meneses registrado en Ibagué por el que hay dos uniformados investigados. Aunque en principio fueron capturados por orden de un juez Penal Militar, el mismo funcionario ordenó su libertad. La Fiscalía busca que el caso quede en la justicia ordinaria y de hecho ya logró una orden de captura contra uno de los uniformados.
El homicidio del joven Brayan Fernando Niño Araque y de un menor de 17 años asesinado en Cali. Por esos casos hay dos policía privados de la libertad.
«Para la Fiscalía General de la Nación, es un compromiso con la ciudadanía y con el país establecer la responsabilidad sobre las muertes ocurridas de forma violenta durante las manifestaciones. Es por esta razón que el Fiscal General ha sido insistente en que todos los casos que sean competencia de la justicia ordinaria sean entregados a la entidad», dice el ente acusador.
Frente al tema de las capturas de personas en medio de actos de violencia, destaca la
Fiscalía que se expidió una resolución por parte del Fiscal Francisco Barbosa «dando cumplimiento a los precitados estándares, y con miras a proteger el derecho a la protesta pacífica».
De las 1136 personas capturadas, a 224 de ellas se les ha formulado imputación. Igualmente, del total de personas capturadas, 921 han sido dejadas en libertad.
«Es importante precisar que el número de libertades otorgadas por la misma Fiscalía es elevado, dada la exigente evaluación constitucional y legal de los informes de policía en casos de captura en flagrancia, que son estudiados a la luz de los requisitos de inferencia razonable de autoría y participación previstos por la ley procesal penal», se lee en el documento.
Igualmente destaca que se están investigando los casos de civiles que estarían disparando en medio de las jornadas de protesta. Y se resalta que ya fue citada a interrogatorio una persona identificada como Andrés Escobar vinculada a ese tipo de situaciones en Cali. Igualmente, se tiene programado interrogatorio de indiciado a un oficial de la Policía Nacional, Comandante de la Estación del sector en el que ocurrieron los hechos, y a otros policías que aparecen identificados. La infiltración
El informe de la Fiscalía también se ocupa de la presencia de redes criminales en las protestas y menciona a las disidencias de las Farc, el Eln y la ‘Nueva Marquetalia’.
Señala que se han recaudado elementos materiales probatorios y evidencia física que da cuenta de la incidencia de estas organizaciones en los eventos de manifestaciones violentas ocurridos en los Departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.