Uno de los implicados, Daniel Barragán Ovalle, manipuló su teléfono móvil antes de entregarlo a las autoridades, con el objetivo de obstaculizar el esclarecimiento de los hechos, según la investigación judicial.
La confirmación judicial de una estrategia para eliminar pruebas en el caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay marca un nuevo capítulo en la investigación.
Durante una audiencia de apelación en Bogotá, el juez 29 de conocimiento detalló que uno de los implicados, Daniel Barragán Ovalle, manipuló su teléfono móvil antes de entregarlo a las autoridades, con el objetivo de obstaculizar el esclarecimiento de los hechos, según informó Semana.
La Fiscalía General de la Nación logró recuperar información clave que resultó determinante para el avance del proceso.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia y recogido por Semana, la estrategia de encubrimiento incluyó la eliminación de mensajes en la aplicación de mensajería instantánea, especialmente en un grupo denominado Plata o Plomo.
Este grupo, integrado por tres personas, desempeñó un papel central en la logística del atentado, ya que se encargó de recolectar información sobre los movimientos del senador Uribe Turbay.
Investigadores lograron extraer más de 1.500 conversaciones eliminadas que evidencian coordinación para evadir a las autoridades y planear la fuga tras el ataque en Bogotá, según determinó el juez en audiencia – crédito Sergio Acero Yate / Reuters
El juez subrayó que la presentación del celular con datos borrados formó parte de un plan deliberado para desviar la atención de los investigadores y dificultar la labor de la justicia.
A pesar de los intentos de la defensa de Barragán Ovalle por desestimar la validez de las pruebas, argumentando que la obtención de la información fue ilícita debido a que el dispositivo fue entregado voluntariamente, el juez respaldó la actuación de la Fiscalía.
Según la valoración judicial, los investigadores utilizaron herramientas tecnológicas que permitieron recuperar entre 1.500 y 1.800 conversaciones de WhatsApp. Estos chats, según el juez citado por Semana, constituyeron un medio probatorio fundamental para la imposición de la medida de aseguramiento en primera instancia.
El contenido de los mensajes recuperados resultó especialmente relevante para la investigación.
En ellos, se evidenció el interés de los implicados por evadir la justicia y coordinar la fuga tras la ejecución del atentado en el Parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.
La confirmación judicial de una estrategia deliberada para eliminar evidencia en el atentado contra Miguel Uribe Turbay reaviva el debate sobre la capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado y proteger la integridad procesal – crédito @marcoacostarios/Instagram
El juez destacó que las conversaciones reflejaban de manera explícita la intención de “perderse”, utilizando el lenguaje propio de los participantes del grupo. Además, en el grupo Plata o Plomo se discutió la ruta de escape y otros detalles logísticos que permitieron a la Fiscalía reconstruir los hechos con mayor precisión.
El perfil de Daniel Barragán Ovalle, según la imputación de cargos de la Fiscalía General de la Nación, lo sitúa como una figura clave en la organización del atentado.
Barragán Ovalle enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. La investigación determinó que fue él quien contactó a los menores encargados de ejecutar el ataque contra el senador Uribe Turbay.
Además, tuvo conocimiento directo sobre la adquisición del arma, una pistola Glock de nueve milímetros, y coordinó el transporte de los miembros de la banda liderada por alias el Costeño, así como la ruta de escape utilizada por el sicario y sus acompañantes.
El atentado, perpetrado en el Parque El Golfito, continúa generando conmoción en la sociedad colombiana. La gravedad de los hechos y la participación de menores de edad han intensificado el debate sobre la seguridad pública y la capacidad de las instituciones para enfrentar el crimen organizado.
Semana ha documentado cómo la modalidad y el impacto del caso han puesto en alerta a las autoridades y a la opinión pública, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para figuras públicas y de garantizar la transparencia en los procesos judiciales.
La participación de menores y la sofisticación en la manipulación de pruebas en el caso Uribe Turbay evidencian retos persistentes para la protección de figuras públicas y la respuesta estatal ante el crimen organizado – crédito Luisa Gonzalez / Reuters
En cuanto a la legalidad de la obtención de pruebas, el juez fue enfático al rechazar los argumentos de la defensa de Barragán Ovalle.
Según la decisión judicial, la Fiscalía actuó dentro del marco legal al recuperar la información borrada del dispositivo móvil, y la evidencia obtenida resultó esencial para sustentar las medidas adoptadas en el proceso.