Noticias caracol reveló documentos, interceptaciones telefónicas e imágenes inéditas utilizadas por la Policía para llevarlos a los implicados a la cárcel.
Casi dos mil familias fueron engañadas y hoy están a punto de perder sus casas y los ahorros de toda su vida, según la Policía, por culpa de una red de 20 funcionarios corruptos, capturados durante un golpe histórico en el Atlántico. Noticias Caracol reveló documentos, interceptaciones telefónicas e imágenes inéditas utilizadas por las autoridades para llevar a los implicados a la cárcel.
El desmantelamiento de la red inició con la captura de Ana Dolores Meza, notaria segunda de Barranquilla, mientras se dirigía a su oficina. Según la Policía y la Fiscalía, era una de las fichas clave en la red de funcionaros señalados como corruptos, dedicados, presuntamente, a apoderarse de las tierras en varios municipios. «Yo que he combatido el delito, me van a detener, es absurdo», exclamó la notaria al momento de su detención, mientras era abordada por las autoridades.
Minutos después, visiblemente alterada, anunció al público: «Me están capturando por cumplir mi deber durante 50 años, y por defender la notaría y la honestidad». Incluso, en una llamada telefónica durante el operativo, manifestó: «Estoy en la puerta de la notaría y hay cien policías, y me acaban de capturar, ¿cómo te parece? No hay necesidad de que me esposen, yo soy una señora de 66 años, no voy a hacer oposición». La notaria fue trasladada posteriormente a una estación de policía.
El modus operandi de la red criminal
El mayor Federico Martín, investigador del área de anticorrupción de la Dijín, explicó el modus operandi de la red criminal: «La notaria lo que realmente hacía en ese andamiaje para poder usurpar los terrenos que están dispuestos para el goce y bienestar de la ciudadanía era darles un aspecto de legalidad. Es demostrarle a una tercera persona que iba a comprar este lote: ‘Señor, no se preocupe, está ante la Notaría Segunda y le estamos demostrando que el terreno no debe impuestos’. Entregarles unas escrituras públicas para que la persona de esa forma siguiera en esta manera, tranquila, por el lote que iba a comprar».
Con esa aparente tranquilidad y el respaldo legal que ofrecían los funcionarios involucrados en el delito, cerca de mil personas, según la Policía, compraron lotes de manera inocente a esta banda, especialmente en Soledad, Atlántico, un municipio donde el 40 % del territorio aún no ha sido urbanizado, lo que, según las autoridades, se convirtió en un escenario atractivo para las organizaciones delincuenciales.
El coronel Jorge Mora, director de la Unidad Anticorrupción de la Dijín, detalló la magnitud del fraude: «Podríamos corroborar que 372.222 lotes fueron vendidos por esta organización delincuencial y una afectación de cerca de 277.000 metros cuadrados en lo que llevamos en la investigación judicial». Agregó que los lotes eran vendidos a precios muy atractivos, entre 30 y 50 millones de pesos, para personas con recursos limitados.
Mora explicó que la red identificaba lotes baldíos o abandonados por años para apropiarse de ellos de manera irregular. «Estas personas ya tenían visualizado aquellos lotes de los cuales muchas veces el Estado no construía un hospital, un parque público durante muchísimos años y lo veía muy atractivo», afirmó. Además, señaló que esta red contaría con el apoyo de funcionarios públicos y tendría conexiones con brazos armados de bandas como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, quienes utilizaban la extorsión y la fuerza para el despojo.
Cuando se le preguntó por qué estos funcionarios actuaron durante casi un año sin que nadie interviniera, el Coronel Mora explicó que el despojo ilegal de tierras en el Atlántico ha sido histórico, y que, junto con la Fiscalía General, desde hace dos o tres años priorizaron las zonas de afectación y usurpación de terrenos.
El drama de las víctimas de la red criminal
Esther Cecilia Araujo, habitante de la zona, es una de las víctimas. Pagó 42 millones de pesos por su lote. «Lo compré a unos señores que lo estaban vendiendo aquí. Me ofrecían todo legal, porque nosotros tenemos papeles legales de todo. Fuimos a Instrumentos Públicos, fuimos a Notaría, fue firmado por un notario. Todos los filtros los pasó. Fuimos a la Notaría de Santo Tomás y el notario verificó que todo estaba legal», relató.
Al enterarse de la investigación y las capturas, su preocupación es inmensa. «Carajo, yo creo que esto es una guerra, porque ese es el ahorro de toda la vida, para perderlos así es muy fuerte. Uno está confiado de que las cosas están bien hechas porque igual uno no se somete a invasión para evitar esos problemas, pero fíjese, a pesar de todo eso que no pensaba que era todo legal, mire lo que está pasando ahorita en estos momentos. O sea, que voy a perder credibilidad ante cualquier ente», lamentó Esther, con la voz entrecortada.
La historia de Esther se repite en Soledad. Anderson Meza, otro afectado, también confirmó haber comprado su lote con todos los papeles en regla y sin ver ninguna irregularidad, incluso con la intervención de la notaría del municipio.
La Policía informó que las casi dos mil víctimas que fueron engañadas por esta organización y que obtuvieron sus propiedades de buena fe pueden interponer una denuncia administrativa. Esto les permitiría no ser desalojados de sus propiedades y, además, ser reparados por los daños causados por los criminales.
Red criminal también frustró sueños de varios niños de Soledad
A menos de cuatro kilómetros de otro lote bajo la mira de las autoridades, se encuentra un terreno de 7.000 y 3.000 metros cuadrados que estaba destinado a la construcción de un megacolegio. Este proyecto beneficiaría a unas 1.800 familias en Soledad. Sin embargo, la organización liderada por Wilber Machuca Caicedo, un presunto despojador de tierras, se habría apropiado de estos predios mediante documentos falsos para luego subdividirlos y venderlos a precios irrisorios a personas humildes.
Durante una visita al lote, el equipo periodístico fue abordado por dos hombres, uno de ellos Wilmar Betancour, quien se identificó como cuidador del terreno. Betancour cuestionó la presencia de las autoridades y la grabación del predio sin una orden. El Mayor Federico Gutiérrez, también investigador de anticorrupción de la Policía, relató: «Me preocupa su actitud porque automáticamente llamó al abogado, el señor de una forma desafiante llegó acá con un barretón, yo pensé que nos iba a golpear con esa barretón».
La insistencia de Betancour en que el terreno tenía un «dueño legítimo» y que lo había contratado un señor Wilmar coincidió con el nombre de uno de los 17 capturados por la Policía en relación con este caso: Wilber Machuca Caicedo. El Mayor Gutiérrez confirmó que Machuca es un «líder reconocido en el sector de Soledad… para el despojo de tierras».
Por otro lado, estos delitos hacen que el temor y la frustración se apoderen de la comunidad. Rodolfo, residente de la zona, expresó su escepticismo sobre la construcción del colegio: «Siempre han dicho que iban a construir un colegio desde hace… más de cinco años y usted cree ese sueño para los niños del sector se va a cumplir? Ah, no, tú sabes cómo es la parte del gobierno aquí en Colombia, generalizando todo, los políticos dicen una vaina, después salen con otra».
UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL