El coronel Benjamín Núñez es señalado como el presunto autor del asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, en hechos registrados el 25 de julio, versión que fue ratificada por un grupo de policías (hoy capturados) subalternos en ese momento del oficial.
Las muertes se registraron cuando los tres jóvenes presenciaban una carrera de motocicletas y de repente fueron abordados por efectivos de la Policía. De acuerdo con el testimonio de la hermana de Jesús David, varios patrulleros le pegaban patadas a su familiar y a los otros dos jóvenes en el operativo.
Según las necropsias, los jóvenes recibieron impactos de bala en el tórax a menos de 60 centímetros de su humanidad. Las otras heridas, dice el reporte, no tenían el propósito de causarles la muerte, pero sí de generar dolor intenso a los tres jóvenes.
“Se evidencian otras lesiones por trauma contundente (…) lo cual se interpreta como varios tipos de mecanismos de lesión, que no es lo esperado en el contexto de una intervención legal por agentes del Estado”, dicen los tres informes de necropsia, citados por el diario El Espectador.
Cabe recordar que Sergio Ramírez, el abogado defensor del coronel, había informado hace dos días que Núñez se entregaría a la justicia colombiana: “es importante que todos tengan conocimiento que, de manera segura y transparente, se presentará de manera voluntaria y se entregará a la autoridad competente esta semana”.
Ese anuncio se dio en la audiencia celebrada este miércoles para imputarle los cargos de homicidio y privación ilegal de la libertad al comandante operativo de la Policía en Sucre, quien está implicado junto con otros diez policías, todos ellos ya detenidos. Dicha diligencia fue infructuosa porque Núñez no se presentó. El juzgado, una vez suspendida la audiencia, dio la orden de emitir una nueva solicitud de imputación de cargos.
Además, se convirtió en un espectáculo bochornoso entre los abogados presentes: los fiscales reclamaban que el coronel llevaba tres semanas como fugitivo, con orden de captura y circular roja de Interpol. Ramírez había explicado durante la audiencia que Núñez había sido amenazado, junto con sus hijos, y se había ofrecido hasta 150 millones de pesos por su cabeza.
Con respecto a los otros imputados, cabe recordar que fueron enviados a la cárcel este miércoles 31 de agosto. La decisión fue tomada por una jueza con función de control de garantías de Sincelejo, misma que le imputó a los acusados los delitos de homicidio agravado, destrucción de elementos probatorios, privación ilegal de la libertad y tortura a los patrulleros que, en primera instancia, no aceptaron dichos cargos.
“En cada uno de los diez casos se configuran riesgos para la comunidad, así como un peligro de no comparecencia por la gravedad del daño y la actitud asumida después de la ejecución del ilícito”, expresó la jueza Primera Penal Municipal de Sincelejo, Aura Villalba.
La togada también estimó que la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario es proporcional, necesaria y adecuada para el caso. No lo decidió por ser un caso mediático, de interés nacional o de repercusiones de toda índole, sino porque es un caso aberrante, grave, triste y preocupante, donde tres jóvenes humildes, presuntamente, resultaron víctimas de tortura, privación de la libertad y homicidio.