El presidente electo, Gustavo Petro, se libró de una investigación por supuestas irregularidades en la campaña presidencial de 2018-2022. La decisión es de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado César Reyes. El jurista investigaba si el líder del Pacto Histórico recibió aportes a su campaña por parte de personas que estaban inhabilitadas para hacerlo al ser funcionarios públicos.
En 2018, Petro perdió las elecciones presidenciales contra el saliente presidente Iván Duque. En su momento, ante la Corte Suprema y el Consejo Nacional Electoral (CNE) llegaron denuncias, por ejemplo, sobre un supuesto apoyo financiero de la empresa Monómeros, con sede en Barranquilla. Esta organización tendría participación mayoritaria de Pequiven, que a su vez es filial de la petrolera venezolana PDVSA.
Según el denunciante ante el CNE, parte de los votos que Petro en 2018 logró en la costa habrían sido producto de la colaboración de Monómeros, que en su momento se dijo tenía el aval de Nicolás Maduro. Esto debido a que “nunca ni el Partido Comunista, ni el Polo Democrático, ni la Alianza Verde, ni la Unión Patriótica u otro movimiento afín a la izquierda ha sacado semejante caudal electoral en la historia del país” en la zona norte del país.
Según el ordenamiento colombiano, ninguna persona o empresa extranjera puede donar a las campañas electorales en el país. Esta prohibición también cubre a las empresas cuyo domicilio está en Colombia pero su capital es extranjero. En 2020, el CNE abrió una investigación en contra de Petro e incluso solicitó a Monómeros sus libros contables y a la Superintendencia de Sociedades un informe sobre los movimientos de la empresa.
En una evaluación preliminar, el CNE aseguró que “no se evidencia que la sociedad Monómeros, ni las sociedades Ecofértil (parte del grupo venezolano), Sociedad Portuaria Monómeros colombo venezolanos S.A y la Fundación Monómeros para el Mejoramiento de la Calidad de Vida hayan realizado aportes de manera directa o indirecta a la campaña presidencial de primera vuelta del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego”.
Sin embargo, al estudiar la contabilidad de la campaña, el tribunal electoral descubrió que algunos aportantes no estaban habilitados para hacerlo, debido a que eran trabajadores del sector público. Por esta razón, el CNE abrió investigación formal desde hace dos años en contra de Petro. Además, fueron vinculados la gerente de la campaña, el auditor y el partido MAIS (por el cual llegó a las elecciones el ahora máximo mandatario) para determinar qué pasó y por qué estos dineros supuestamente irregulares entraron a esta campaña presidencial en 2018.